La ratificación de las condenas en la causa Cautelares no es un episodio aislado. Es el nuevo capítulo de un expediente que comenzó en 2016, atravesó casi una década de planteos judiciales y se convirtió en uno de los casos más sensibles para la Justicia santiagueña por la participación de tres exmagistrados y de un empresario periodístico.
El origen formal del caso se ubica en una denuncia de la Fiscalía de Estado de Tucumán. Según el Ministerio Público Fiscal, la investigación apuntó a una maniobra mediante la cual, a través de medidas cautelares dictadas por exjueces santiagueños, se ordenaron embargos por más de diez millones de pesos sobre fondos públicos del gobierno tucumano.
Desde sus primeros pasos, la causa tuvo un fuerte impacto público. En agosto de 2016, se ordenó la detención de Luis Manuel Pericás, del empleado judicial Eduardo Antuz y de los exjueces María Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Ángel Moreno. La investigación incluyó registros fílmicos bancarios como elementos clave de prueba.
El derrotero procesal y el fallo del tribunal
El expediente avanzó con un voluminoso derrotero de recusaciones, pedidos de nulidad y apelaciones. Durante el juicio oral, el fiscal Álvaro Cantos sostuvo la acusación contra los implicados. Finalmente, el tribunal integrado por Daniel Pérez Gallardo, Raúl Santucho y Luis Achával dictó una sentencia contundente.
Luis Manuel Pericás fue condenado por defraudación calificada en perjuicio de la administración pública. Por su parte, los exjueces recibieron penas por prevaricato y defraudación calificada, sumado a la inhabilitación para ejercer cargos. El fallo apuntó al deber de los magistrados de proteger la legalidad en lugar de convertirla en instrumento de una maniobra patrimonial.
Con la reciente ratificación de la Cámara de Apelaciones, el expediente entra en su etapa final. Para la sociedad, el caso queda como una advertencia institucional sobre el daño que provoca la utilización irregular de herramientas judiciales cuando se combinan intereses privados y perjuicio al Estado.
