El frente meteorológico adverso que afectó a la región centro del país durante el último trimestre gatilló una respuesta regulatoria urgente por parte de las autoridades nacionales para sostener la actividad productiva. La medida de asistencia quedó formalmente plasmada a través de la Resolución 819/2026, publicada en las primeras horas de hoy en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo establecido de forma taxativa en el instrumento legal, el período de vigencia de la franquicia previsional e impositiva se extenderá de manera retroactiva desde el pasado 1° de abril hasta el próximo 30 de septiembre de este año, abarcando de forma directa tanto a las explotaciones rurales tradicionales como a los cinturones hortícolas de las zonas afectadas.
El impacto del agua acumulada generó un escenario crítico para los productores santafesinos, provocando anegamientos masivos de campos listos para la cosecha, la pérdida total de siembras de hortalizas destinadas al consumo interno y severas complicaciones logísticas por la rotura de caminos rurales debido a la crecida de los cursos de agua locales. A partir de esta oficialización, las empresas agropecuarias que presenten sus correspondientes certificados de daños ante las agencias estatales podrán acceder de forma inmediata a los beneficios previstos en la legislación nacional vigente, que contemplan prórrogas o exenciones en el pago de impuestos federales y esquemas de refinanciación crediticia con tasas subsidiadas.
La mirada atenta del sector productivo santiagueño y el monitoreo en los límites
La declaración del estado de emergencia en la vecina provincia es seguida con extrema atención por las entidades rurales y los productores del sur de Santiago del Estero. Especialistas del sector local explicaron que las cuencas hídricas que sufrieron desbordes en territorio santafesino comparten dinámicas de escurrimiento con los departamentos del límite interprovincial. El prolongado período de inestabilidad climática y lluvias persistentes que tiñó de gris el inicio de junio en nuestra provincia mantiene en alerta a los ingenieros agrónomos regionales, quienes vigilan de cerca el nivel de saturación de los perfiles de suelo para evitar que el fenómeno de anegamiento se traslade a los campos santiagueños.
Para hacer efectivos los beneficios fiscales contemplados en la resolución de la cartera económica conducida por la Nación, los productores santafesinos deberán presentar una declaración jurada que certifique que su capacidad de producción o sus estructuras de capital se encuentran afectadas en al menos un 50% para la categoría de emergencia, o en más del 80% en el caso de ser encuadrados bajo la figura de desastre agropecuario. Las comisiones técnicas locales agilizarán las inspecciones en las parcelas rurales para acelerar la emisión de los documentos de homologación, mientras las cooperativas del sector intentan reprogramar los calendarios de acopio de granos.
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