El Gobierno nacional evalúa la posibilidad de avanzar con alguna modalidad de participación de Estados Unidos en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas con el Reino Unido, luego de que el presidente Donald Trump expresara su predisposición para intervenir en el conflicto. Desde la Casa Rosada consideran que el pronunciamiento del mandatario norteamericano fortalece la estrategia diplomática iniciada por el presidente Javier Milei.
Donald Trump planteó su disposición para intervenir en la disputa diplomática
El mandatario de Estados Unidos volvió a referirse al asunto durante una visita a Irlanda, donde calificó la situación como un "desastre potencial" y afirmó que se encuentra en condiciones de ayudar a resolverla en caso de involucrarse. La declaración representa un avance respecto de posicionamientos anteriores, al plantear explícitamente la posibilidad de una mediación directa del jefe de Estado norteamericano.
En el Poder Ejecutivo destacaron que las expresiones de la administración republicana no constituyen un hecho aislado, sino que responden a gestiones bilaterales desarrolladas durante los últimos meses. Fuentes oficiales enmarcaron estos contactos dentro del alineamiento estratégico que la Argentina mantiene con Washington en materia diplomática, económica, tecnológica, militar y de seguridad.
La estrategia argentina contempla la Asamblea General de la ONU y medidas internas
A pesar de la valoración favorable sobre las declaraciones, la Casa Rosada no formalizó aún un pedido de mediación ni definió el mecanismo diplomático a emplear. La postura argentina ratifica que Buenos Aires y Londres deben retomar las negociaciones bilaterales por la soberanía, en conformidad con las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El tema formará parte de la agenda que discutirán Javier Milei y Donald Trump durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El encuentro bilateral permitirá precisar si el ofrecimiento estadounidense derivará en una gestión concreta o se mantendrá como una señal política.
De forma paralela, el Gobierno nacional resolvió llevar nuevamente el reclamo a la ONU, suspendió un viaje oficial previsto a Londres y anunció el envío al Congreso de la Nación del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa busca incrementar las sanciones a las actividades económicas no autorizadas en las islas, extendiendo el alcance desde los hidrocarburos hacia sectores como pesca, minería, agricultura y turismo.
En el ámbito territorial, el Ejecutivo reforzó el despliegue en la provincia de Tierra del Fuego mediante la aceleración de las obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia y la implementación de un sistema permanente de vigilancia sobre el Atlántico Sur con tecnología de radares, telecomunicaciones e inteligencia de señales.
