Pese a la magnitud de la convocatoria, el Gobierno nacional minimizó el peso de la movilización universitaria de este miércoles y la tildó de una “marcha política” impulsada por el aparato de la oposición. El presidente Javier Milei siguió las alternativas desde la Quinta de Olivos, manteniendo su postura crítica a través de redes sociales sin expresarse de manera directa.
Mientras miles de personas se congregaban para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en Casa Rosada insistieron en que la protesta fue orquestada para erosionar la gestión actual. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, apuntó contra los dirigentes políticos y sindicales presentes: “Los vimos rondando en la plaza; cada uno va a ver qué puede sacar de una causa noble”, señaló.
Disputa por las cifras y el gasto
La guerra de números no tardó en llegar. Para el Gobierno, la movilización alcanzó apenas a 135 mil personas, una cifra que contrasta drásticamente con el 1.500.000 que estimó Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), contabilizando las marchas en todo el país.
Más allá de la concurrencia, el Ejecutivo buscó llevar la discusión hacia la eficiencia del gasto. Álvarez sostuvo que las universidades presentan pocos graduados en relación a la cantidad de alumnos y cuestionó la planta docente: “Si tenés presupuestado 15 docentes y nombrás 25, el día que querés aumentar el sueldo es la misma plata”, afirmó, subrayando que el presupuesto es "finito".
El crítico panorama financiero
La realidad salarial y presupuestaria de las casas de estudio muestra indicadores preocupantes. Los salarios de las universidades nacionales perdieron un 33,7% de su poder adquisitivo en los últimos dos años, una caída muy superior a la del resto del sector público.
Según informes del IIEP (UBA-CONICET), el financiamiento universitario cayó un 28,9% en términos reales entre 2023 y 2025, y se proyecta una caída del 41,2% para este año según el Presupuesto 2026. A esto se suma la denuncia de los hospitales universitarios, que advirtieron que su atención corre peligro por la falta de distribución de fondos clave para su funcionamiento.
