El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró la emergencia por un plazo de 90 días corridos en la actividad de comercialización y reparación de teléfonos celulares usados, mediante la firma del Decreto 295/26 por parte del jefe de Gobierno, Jorge Macri. La disposición oficial apunta a desarticular la red de reventa de dispositivos sustraídos que operan en comercios del rubro, exigiendo la acreditación obligatoria del origen de cada equipo, repuesto y componente técnico en stock.
Zonas críticas e inspecciones con facultad de clausura
La normativa identifica cuatro áreas prioritarias de intervención directa debido a la alta densidad de denuncias y secuestros previos: Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo. En estos perímetros delimitados por el Ministerio de Seguridad porteño, quedó suspendida la tramitación de nuevas habilitaciones comerciales, transferencias de licencias y ampliaciones de superficie destinadas al rubro.
Las inspecciones quedarán a cargo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) en coordinación con las fuerzas de seguridad. La AGC fue facultada para ejecutar clausuras inmediatas en aquellos establecimientos que no logren respaldar mediante documentación formal la trazabilidad y procedencia legal de la mercadería o las piezas de recambio encontradas en los locales.
Declaraciones de las autoridades y marco de gestión
"Se terminó la mafia de los celulares robados. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa", aseveró el jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante el anuncio de las medidas.
Por su parte, el ministro de Seguridad porteño, Gabino Tapia, ratificó el endurecimiento de los operativos a través de sus canales oficiales: "Si robaste un celular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, olvidate de revenderlo. Se terminó el negocio del robo y reventa". La iniciativa se suma a las intervenciones de ordenamiento urbano que la administración porteña ejecuta desde diciembre de 2023 en la vía pública y centros de transbordo.
