El Gobierno nacional acelera las negociaciones para avanzar con la reforma política que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La Casa Rosada prepara modificaciones de último momento para conseguir las firmas necesarias en el Senado, aunque las concesiones ofrecidas a los gobernadores generan nuevas diferencias dentro del oficialismo y entre sus aliados.
La intención de La Libertad Avanza es obtener un dictamen favorable en comisión y llevar el proyecto al recinto el próximo jueves 26 de noviembre.
Sin embargo, las conversaciones todavía no están cerradas y el Gobierno enfrenta dificultades para reunir los apoyos necesarios.
Después de no conseguir las firmas requeridas durante la última reunión, los negociadores oficiales intensificaron los contactos con gobernadores y legisladores aliados.
En Balcarce 50 aseguran que habrá modificaciones en el texto original, aunque todavía no se precisaron todos los puntos que serán incorporados.
Una condición se mantiene firme: la suspensión de las PASO no está prevista entre los aspectos que el Ejecutivo está dispuesto a modificar.
La iniciativa también genera resistencia en el peronismo, que busca reorganizarse de cara al próximo proceso electoral.
Las listas colectoras y el financiamiento partidario, los principales conflictos
Uno de los puntos que concentra las negociaciones es la posibilidad de incorporar un sistema de listas colectoras adaptado a la Boleta Única de Papel.
La propuesta permitiría que una misma candidatura presidencial esté vinculada con hasta dos listas legislativas diferentes, siempre que exista autorización de la agrupación nacional correspondiente.
El mecanismo resulta atractivo para algunos gobernadores, especialmente del radicalismo, porque les permitiría conservar sus estructuras políticas provinciales sin quedar necesariamente enfrentados con una candidatura presidencial de La Libertad Avanza.
Sin embargo, la alternativa genera resistencias en sectores cercanos a Patricia Bullrich.
El dirigente Gerardo Milman expresó sus reparos y advirtió sobre las dificultades constitucionales que podría presentar el esquema, especialmente en las elecciones de senadores nacionales.
“Tiene que haber una buena redacción”, sostuvo durante una entrevista televisiva, al referirse a las condiciones que debería cumplir la iniciativa.
Otro capítulo en discusión es el financiamiento de los partidos políticos.
El proyecto original contemplaba eliminar los aportes públicos, una medida que despertó cuestionamientos entre los aliados del oficialismo.
Los sectores que se oponen advierten que la eliminación de esos recursos podría afectar el funcionamiento de las agrupaciones y aumentar su dependencia de los aportantes privados.
Frente a ese escenario, el Gobierno analiza conservar una parte del financiamiento estatal, aunque con un porcentaje inferior al actual.
También permanece bajo revisión el régimen de contribuciones privadas.
Ficha Limpia, el apoyo del PRO y la carrera por conseguir los votos
A diferencia de los puntos anteriores, la incorporación de Ficha Limpia aparece como uno de los aspectos con mayores posibilidades de alcanzar acuerdos.
La propuesta busca establecer restricciones para determinadas candidaturas de dirigentes condenados por delitos de corrupción.
En el oficialismo consideran que existe un consenso más amplio sobre este capítulo, aunque reconocen que no alcanza para resolver las diferencias relacionadas con las colectoras y el financiamiento partidario.
En paralelo, la Casa Rosada recibió como una señal favorable la disposición del PRO a acompañar la reforma.
No obstante, ese respaldo no garantiza por sí solo los votos necesarios para avanzar en el Senado.
Las negociaciones políticas quedaron principalmente en manos de Karina Milei y dirigentes de la familia Menem, mientras el presidente Javier Milei sigue de cerca las conversaciones.
La situación también expone tensiones internas, ya que cada concesión destinada a conseguir el apoyo de un sector puede provocar nuevas resistencias en otro.
El Gobierno busca evitar que esas diferencias terminen comprometiendo el tratamiento legislativo del proyecto.
Mientras tanto, el peronismo intenta reconstruir acuerdos entre sus distintas vertientes. Dirigentes del espacio participaron de un encuentro en San Fernando para comenzar a discutir una alternativa electoral de cara a 2027.
Entre quienes expresaron reparos sobre la reforma se encuentra el senador Sergio Uñac, quien cuestionó aspectos vinculados con el financiamiento de las fuerzas políticas.
Con el calendario legislativo ajustado, el oficialismo enfrenta una instancia decisiva: conseguir un dictamen que permita llevar la reforma al recinto el 26 de noviembre.
La discusión sobre las PASO, las listas colectoras y los recursos de los partidos será determinante para conocer si el Gobierno logra reunir los acuerdos necesarios o si las diferencias obligan a introducir nuevas modificaciones.






