Una marcada paradoja en la agenda pública reabrió el debate sobre el abordaje del Estado hacia los adolescentes, luego de que coincidieran la difusión de los deteriorados resultados de las pruebas PISA a nivel nacional con anuncios gubernamentales que celebraron las primeras detenciones tras la baja en la edad de imputabilidad. Diversos sectores advierten que la respuesta política ante las problemáticas estructurales de la juventud suele sesgarse hacia el punitivismo y el impacto mediático, en lugar de focalizar los esfuerzos en la contención social y la calidad del sistema educativo.
Las estadísticas desmitifican la narrativa sobre la incidencia de los menores en la delincuencia general. En la provincia de Mendoza, durante el último año se registraron menos de 30 adolescentes de entre 14 y 16 años imputados por delitos, al tiempo que el centro de responsabilidad penal juvenil aloja a menos de 50 internos. Por el contrario, los indicadores de vulnerabilidad señalan que los jóvenes son mayoritariamente víctimas: más del 60 % de los decesos en la franja de 15 a 19 años responde a causas externas como homicidios, siniestros o suicidios, sumado a los cientos de menores judicializados por violencia o penurias económicas.
En el ámbito educativo, la inversión presupuestaria muestra caídas en la última década, situando la discusión en cómo actualizar la enseñanza ante la irrupción tecnológica y los cambios demográficos. Pese al contexto adverso y el recorte de fondos nacionales, la provincia ha mostrado avances puntuales en programas locales de alfabetización y lectura a través de las evaluaciones Aprender, evidenciando la necesidad de sostener políticas pedagógicas de Estado de largo plazo en lugar de priorizar discursos coyunturales de "mano dura".
