Una auditoría exhaustiva realizada por el Ministerio de Salud ha destapado uno de los mayores escándalos de presunta corrupción en la administración pública reciente. El informe técnico detectó irregularidades extremas y sobreprecios de hasta el 4239% en contrataciones de insumos ortopédicos y médicos efectuadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el año 2025.
La causa, que ya se encuentra en manos del fiscal Franco Picardi, señala un esquema sistemático diseñado para beneficiar a un grupo cerrado de proveedores. Según el documento oficial, existen pruebas de una "red de conexiones societarias y familiares" que permitieron manipular licitaciones y distorsionar los precios de mercado en perjuicio del Tesoro Nacional.
Sillas de ruedas y válvulas con valores exorbitantes
El trabajo de los auditores comparó los montos abonados por el Estado con los valores de referencia, arrojando resultados alarmantes. En un caso testigo, la ANDIS llegó a pagar $19 millones por sillas de ruedas cuyo valor real rondaba los $1,2 millones. Asimismo, en julio de 2025, la agencia desembolsó $425 millones por un sistema de válvulas cardíacas que el PAMI había adquirido poco tiempo antes por apenas $124 millones.
La investigación judicial ha puesto la lupa sobre empresas como Farma Salud, la cual habría absorbido cerca de $7.900 millones en contratos. Entre los 49 citados a indagatoria figura su principal socio, Osmar Mariano Caballi, un exfuncionario de la gestión anterior que habría utilizado sus nexos internos para direccionar negocios estatales.
El "grupo museo" y la manipulación digital
La fiscalía detectó además maniobras para vulnerar el sistema digital de licitaciones (Siipfis) y la existencia de un grupo de WhatsApp denominado “grupo museo”. En dicho espacio, exfuncionarios y operadores externos habrían coordinado qué firmas participarían de las supuestas competencias de precios para simular transparencia en procesos que ya estaban definidos de antemano.
Mientras el juez Ariel Lijo ordena peritajes sobre audios que mencionarían el pago de coimas, los acusados intentan frenar el avance de la causa mediante diversos planteos de nulidad. Durante las próximas semanas, los tribunales continuarán recibiendo declaraciones de empresarios y exdirectivos en un expediente que amenaza con exponer una trama de desvíos millonarios en un área de extrema sensibilidad social como es la atención a la discapacidad.
