El gobierno de Estados Unidos comenzará a aplicar este viernes aranceles mínimos del 10% a un total de 60 socios comerciales, entre los que se encuentra la Argentina, como reemplazo de un gravamen previo implementado por la administración de Donald Trump a comienzos de año. La medida fue confirmada formalmente por la oficina del Representante Comercial (USTR) a través de un comunicado oficial publicado en su sitio web.
La decisión se instrumenta en respuesta a los resultados de diversas investigaciones vinculadas al uso de trabajo forzoso en las cadenas de suministro globales. Según detalló el organismo norteamericano, la normativa abarca a las 60 economías principales con las que comercia el país del norte, un conjunto que concentra el 99,4% de sus importaciones totales. En el caso argentino, la medida se dispuso a pesar de la firma de un tratado recíproco de comercio e inversión concretado en el mes de febrero.
La nueva estrategia arancelaria responde a los cambios impuestos por la Casa Blanca luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucionales los gravámenes indiscriminados previos, al dictaminar que la facultad de fijar tributos aduaneros corresponde exclusivamente al Congreso. Ante este revés judicial, el Ejecutivo optó por respaldar las nuevas tasas en investigaciones específicas de la Sección 301 relacionadas con normativas laborales, un andarivel legal más difícil de cuestionar en los tribunales en comparación con las políticas proteccionistas tradicionales.
De acuerdo con el esquema difundido por el USTR, la Argentina integrará el grupo de países alcanzados por la alícuota del 10%, categoría que comparte con naciones como Canadá, México, India, el Reino Unido y Pakistán. Por su parte, ciertos productos procedentes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza afrontarán tasas variables de entre el 10% y el 12,5%, mientras que el resto de las economías bajo investigación soportarán un arancel directo del 12,5%. Desde el organismo remarcaron que el mandatario estadounidense continúa utilizando estas herramientas normativas para proteger el empleo local y reequilibrar la balanza comercial.
