El caso que conmovió las estructuras institucionales del sur argentino y tuvo una descomunal repercusión mediática dio un vuelco absoluto. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió reincorporar formalmente a la magistrada Mariel Suárez, dejando sin efecto la destitución dictada hace más de dos años por el Tribunal de Enjuiciamiento, al considerar que se vulneraron garantías básicas de imparcialidad durante el proceso administrativo.
La controversia se desató a finales del año 2021, cuando salieron a la luz filmaciones de las cámaras de seguridad del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew. En los registros audiovisuales se observaba a la jueza penal compartiendo caricias, abrazos, selfies y gestos compatibles con besos con el interno Cristian “Mai” Bustos, un peligroso recluso al que ella misma había juzgado días atrás por el homicidio de un policía.
El sobreseimiento penal que blindó su estrategia defensiva
El factor determinante que pavimentó el regreso de Suárez a los tribunales fue su reciente triunfo en la arena penal. La fiscalía no la investigaba por los arrumacos con el reo, sino por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión maliciosa. La acusación sostenía que la jueza había engañado al sistema judicial al ausentarse de una audiencia formal simulando problemas de salud, cuando en realidad viajó para entrevistarse con el recluso.
Sin embargo, el juez Marcelo Nieto Di Biase dictó el sobreseimiento definitivo de la magistrada al entender que no existían elementos de dolo ni pruebas contundentes para llevarla a un juicio oral. Suárez siempre sostuvo el mismo argumento defensivo: afirmó que sus visitas en la cárcel no tenían fines afectivos sino académicos, dado que se encontraba recopilando información testimonial y de campo para escribir un libro de investigación periodística sobre la historia familiar del delincuente.
Las polémicas actas de los guardiacárceles
A pesar de la resolución judicial que cierra el conflicto de manera institucional, el expediente sumarial contiene declaraciones de los agentes del Servicio Penitenciario Provincial que describen escenas que rozaron la ilegalidad y la falta de decoro profesional:
Varios celadores aseguraron bajo juramento que los encuentros mantuvieron una proximidad física "no habitual" para un trato de carácter técnico o profesional.
Los informes penitenciarios detallaron que ambos se sentaban en el suelo, compartían alimentos, mates y elementos de trabajo ingresados de forma particular por la jueza.
Los efectivos indicaron que, al ser advertida sobre las grabaciones, Suárez desestimó los cuestionamientos y mantuvo firme su postura sobre la realización de la obra literaria.
Con este fallo unánime de los ministros de la corte provincial, el sumario que pesaba sobre su matrícula queda clausurado y la magistrada reasumirá sus funciones jurisdiccionales en los próximos días. La decisión abre un profundo debate en la sociedad civil y el ámbito corporativo judicial de Chubut, reavivando las críticas sobre los alcances de la ética en el ejercicio de la magistratura.
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