La presentación judicial fue elevada ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lidera la instrucción penal originada a partir de una denuncia formulada por la diputada nacional Marcela Pagano. El escrito postula que, debido a las condiciones económicas y la reciente dimisión de Adorni a la primera línea del Poder Ejecutivo, se configuran las causales procesales extraordinarias que justifican restringir su libertad ambulatoria de manera preventiva.
De acuerdo con el planteo de la querella, existen indicios objetivos de que el exfuncionario intentó influir sobre testigos de relevancia. Dalbón hizo hincapié en la declaración testimonial de Matías Tabar, el contratista que ejecutó las reformas en una propiedad del Indio Cuá Golf Club registrada a nombre de la cónyuge de Adorni, Bettina Angeletti. Según el letrado, el imputado contactó al prestador antes de su citación judicial manifestándole que contaba con el apoyo de su equipo técnico-legal, lo cual representa una presunta interferencia en la recolección de pruebas.
Cuestionamientos patrimoniales y operaciones bajo la lupa
El documento pericial presentado ante los tribunales de Comodoro Py resume los principales hitos financieros bajo sospecha que analiza el Ministerio Público Fiscal:
Departamento en Caballito: Adquirido por un valor estimado de 230 mil dólares, donde el 87% del total de la operación fue financiado de forma directa mediante un mutuo hipotecario privado con las vendedoras —dos ciudadanas jubiladas—, prescindiendo de entidades bancarias del sistema regulado.
Vivienda en Country Club: Las remodelaciones edilicias del predio campestre demandaron erogaciones por 245 mil dólares, transacciones que, según la declaración testimonial del contratista en el expediente, habrían sido canceladas por el exministro coordinador en moneda extranjera en efectivo.
Activos no declarados: La querella remarcó que durante las auditorías preliminares se detectó la disponibilidad de un flujo de capitales cercano a los 500 mil dólares que no figuraban consignados en las declaraciones juradas patrimoniales obligatorias presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
En la argumentación técnica referida al peligro de fuga, Dalbón advirtió que la sustantiva capacidad económica del investigado y su habitual acceso logístico a servicios de aeronavegación privados facilitan la eventual evasión de los controles migratorios ordinarios. Asimismo, señaló que su dimisión al cargo público extinguió su principal factor de arraigo institucional en el país.
Medidas de coerción subsidiarias
Como antecedente y jurisprudencia aplicable al escenario procesal, el abogado patrocinante comparó la situación con el comportamiento procesal de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, exasesor gubernamental que permaneció bajo condición de prófugo de la justicia argentina en el exterior del país durante un extenso periodo de tiempo.
Frente a la posibilidad de que el Juzgado Federal actuante desestime el pedido de arresto preventivo por su carácter restrictivo excepcional, la representación jurídica solicitó en carácter subsidiario que se dicte la inmediata prohibición de salida del territorio nacional para Manuel Adorni, complementada con la retención física de sus pasaportes y el correspondiente libramiento de oficios a la Dirección Nacional de Migraciones y fuerzas de seguridad federales.
