Un reciente estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) puso de manifiesto el fuerte impacto que el denominado "Caso Adorni" ha generado en la opinión pública. El informe, basado en 4.711 casos relevados en el AMBA, posiciona este escándalo como un posible punto de inflexión para la gestión de Javier Milei, trazando una analogía directa con lo que significó la "foto de Olivos" para la administración de Alberto Fernández.
De acuerdo con el relevamiento, el nivel de conocimiento del tema es prácticamente total: el 97,3% de los consultados afirmó estar al tanto del caso. Esta visibilidad ha logrado perforar el núcleo del relato oficialista, ya que un 79,9% de los encuestados considera que el episodio afecta directamente la promesa presidencial de combatir a "la casta" y la corrupción.
Credibilidad en jaque
El estudio arroja cifras contundentes sobre la percepción de la figura del vocero presidencial y el manejo de la crisis:
Culpabilidad: El 70,3% considera a Manuel Adorni “totalmente culpable”.
Desconfianza: El 65,8% afirma no creerle “nada” cuando se defiende públicamente de las acusaciones.
Gravedad: El 66,5% interpreta que existen hechos de corrupción “reales y graves”, descartando la idea de una simple operación política.
El costo político para el Gobierno
El análisis del OPSA destaca que el daño no se limita a la figura del vocero, sino que se proyecta sobre toda la estructura del Ejecutivo nacional. El 62,5% de los consultados sostiene que la imagen del gobierno empeoró a raíz de este conflicto, mientras que el 74,9% cree que la situación perjudica políticamente a la administración de Milei.
La analogía con la "fiesta de Olivos" radica en la capacidad del hecho para erosionar la legitimidad moral del Gobierno, generando una percepción de contradicción entre el discurso de austeridad y la conducta de sus integrantes.
Una demanda social de justicia
Finalmente, el informe revela un profundo malestar con el sistema judicial. El 71,8% de los encuestados considera que el funcionamiento actual de la Justicia favorece la corrupción debido a la impunidad. En sintonía con esto, un 81,2% reclama penas más severas y efectivas, reflejando una demanda social de mayor transparencia institucional y mecanismos de control más rígidos sobre los funcionarios públicos.
