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Imputaron a dos exempleadas de una conocida pinturería por una defraudación de $10 millones

La Justicia imputó a dos exencargadas de la pinturería Colorshop acusadas de una maniobra fraudulenta por más de 10 millones de pesos.

Imputaron a dos exempleadas de una conocida pinturería por una defraudación de $10 millones

La fiscal Cecilia Guido, de la Unidad de Delitos Comunes de la Capital, imputó por defraudación a dos excompañeras de trabajo acusadas de sustraer más de 10 millones de pesos de las arcas de la pinturería Colorshop. Las sospechosas fueron identificadas como Yésica Gabriela Aranda y Carla Pamela Acosta, ambas con residencia en la ciudad Capital.

La causa se originó a partir de la denuncia formal radicada por el propietario de la firma comercial, Gustavo Alejandro Saad, con el patrocinio del abogado Carlos Felipe Villalba Sández. Según consta en el expediente, la maniobra delictiva se ejecutó de manera continuada durante el transcurso del año 2024.

El modus operandi de la maniobra contable

Las imputadas se desempeñaban en la atención al público y cobranzas del local comercial, posición desde la cual habrían articulado las inconsistencias financieras:

  • Simulación de transferencias: las empleadas cobraban las ventas en efectivo pero registraban en el sistema contable el ingreso de transacciones bancarias que nunca impactaban en las cuentas de la empresa.

  • Alteración de comprobantes: en determinados casos facturaban bajo la modalidad de cuenta corriente y posteriormente emitían recibos simulando pagos por transferencia para ocultar el faltante de caja al cierre del día.

  • Descuentos paralelos: la investigación sumó testimonios de clientes de gran volumen a quienes les ofrecían bonificaciones en el precio final a cambio de cancelar sus compras en dinero en efectivo sin respaldo bancario.

En la instancia de indagatoria, Yésica Aranda fue notificada de la imputación y optó por abstenerse de declarar. Por su parte, la fiscalía advirtió que sobre Carla Acosta pesa la posibilidad de ser conducida por la fuerza pública ante la falta de presentación a las citaciones judiciales.

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