Un tribunal de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos al declararlo culpable de mala conducta administrativa. La sentencia pone fin a un proceso judicial iniciado hace nueve años tras una denuncia por irregularidades en su contratación como coordinador de escuelas de música en la provincia de Badajoz, un puesto que el tribunal calificó como “no necesario ni urgente”.
El fallo judicial y las penas
La resolución judicial determinó que el proceso de selección y designación del puesto “se desarrolló en interés particular de su cesionario y no en interés general”. No obstante, el tribunal absuelve a Sánchez del cargo de tráfico de influencias, al no haber hallado pruebas de presiones o abusos de poder derivados de su relación familiar con el actual presidente.
Además del hermano del presidente, otros nueve coacusados fueron inhabilitados por faltas administrativas. La sanción más severa recayó sobre Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura, quien fue inhabilitado durante 18 años. El Gobierno y la defensa de Sánchez han confirmado que presentarán apelaciones ante tribunales superiores, manteniendo la postura de que el acusado es inocente.
Clima de polarización política
El veredicto ha intensificado la presión sobre Pedro Sánchez, cuya familia y gobierno enfrentan múltiples investigaciones por presunta corrupción. El presidente ha denunciado reiteradamente una “operación de acoso e intimidación” contra sus allegados y ha cuestionado la imparcialidad de parte del poder judicial español.
La oposición no tardó en reaccionar. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), aprovechó la sentencia para enfatizar que “nadie está por encima de la ley”, mientras que Santiago Abascal, líder de Vox, arremetió contra el PSOE calificando al partido de “mafia”.
Un entorno judicial complejo
Este fallo se suma a una serie de reveses judiciales que afectan al círculo cercano del Ejecutivo. Recientemente, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue condenado a 24 años de prisión por sobornos durante la pandemia, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue inhabilitado por revelación de información confidencial.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió la integridad del Gobierno calificando las acciones de la oposición como un intento de utilizar la justicia para lograr lo que “no pudieron conseguir en las urnas”. Mientras el Gobierno insiste en que la inocencia de David Sánchez será demostrada finalmente, el caso mantiene bajo escrutinio la gestión de los recursos públicos y la transparencia en las contrataciones de las administraciones lideradas por el PSOE.
