El Ministerio de Economía anunció la inyección de $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para fondear créditos hipotecarios en los bancos, en paralelo a la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en Diputados.
La utilización del FGS de ANSES mediante licitaciones de plazos fijos a 1 y 5 años busca otorgar liquidez a las entidades bancarias para colocar préstamos a un plazo mínimo de 15 años y con una tasa con tope en UVA + 7,5%. No obstante, analistas señalan que la estimación oficial de alcanzar entre 17.000 y 18.000 beneficiarios resulta acotada ante el déficit habitacional y remarcan el riesgo que supone el ajuste por inflación sobre los ingresos en un contexto de pérdida de poder adquisitivo.
Las claves principales de las medidas impulsadas comprenden:
Eschema hipotecario del FGS: Subastas de $200.000 millones destinadas a primera vivienda, donde los bancos asumen el riesgo crediticio directo y el Estado actúa como proveedor de liquidez de largo plazo.
Límite de ingresos y morosidad: Se advierten restricciones de acceso dado que la elevada relación cuota-ingreso requerida puede dejar fuera a la clase media-baja, reeditando la problemática del rezago salarial frente a los créditos UVA.
Redefinición del rol del BCRA: La reforma elimina mandatos como el desarrollo económico y la equidad social para priorizar de forma exclusiva la preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento directo al Tesoro.
Garantía con reservas: Se faculta al BCRA a utilizar Reservas Internacionales como colateral en operaciones financieras, un punto cuestionado por su impacto en la soberanía monetaria y en la administración de divisas de futuras gestiones.
Blindaje de la conducción: Para remover al presidente y al directorio del Banco Central se requerirá el aval de dos tercios de ambas Cámaras del Congreso, buscando otorgar previsibilidad a los mercados a costa de restar margen de maniobra a los próximos ejecutivos.
El paquete marca un intento de dinamizar el crédito privado, pero impone severas restricciones operativas al accionar de la autoridad monetaria.
