El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ingresó en su etapa de formalización envuelto en controversias jurídicas y administrativas. Tras 20 años de gestión estatal, la compañía encargada de la provisión de agua potable y desagües cloacales para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del Gran Buenos Aires fue adjudicada por u$s340 millones a un consorcio privado. Sin embargo, registros oficiales revelan que dos de las firmas extranjeras que concentran el 70% del capital accionario operaron en la licitación pública sin haber completado su inscripción ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
El llamado a licitación, publicado el 14 de mayo de 2026, concluyó con la apertura de ofertas el 8 de octubre y la posterior adjudicación el 20 del mismo mes. El esquema accionario del operador quedó distribuido entre Rowing SA (20%), Transclor (10%), la firma brasileña Arcos Saneamento e Participações (15%) y la neerlandesa PHX Aqua AR BV (55%). Pese a tener el control mayoritario, PHX Aqua finalizó su trámite ante la IGJ recién el 21 de octubre —un día después de la adjudicación—, mientras que Arcos Saneamento, que actuará como socio técnico por un periodo de 30 años, inició sus trámites de registro recién el 3 de noviembre.
Exigencias legales y el secreto sobre el "beneficiario final"
Especialistas en derecho societario señalaron que, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley General de Sociedades (N° 19.550), las entidades extranjeras que aspiren a integrar una sociedad anónima en el país deben figurar previamente en el Registro Público. Dicha normativa exige la presentación de estatutos, certificados de vigencia y una declaración jurada sobre el beneficiario final, mecanismo clave para identificar a la persona humana que posee al menos el 10% del capital o ejerce el control efectivo de la firma.
Pese a los requerimientos formales, la identidad de los beneficiarios finales detrás de la estructura de PHX Aqua AR BV —constituida en Ámsterdam con un capital de 1 euro y vinculada a un fondo registrado en Curazao— se mantiene bajo reserva. La IGJ rechazó brindar copias de las declaraciones juradas, en tanto que representantes legales del grupo comprador declinaron aportar precisiones, limitándose a señalar que se trata de un vehículo financiero liderado por los empresarios Walter Román (titular de Rowing SA) y Mauricio Filiberti (propietario de Transclor).
Concentración de servicios esenciales y debate de gestión
La adjudicación de la ex empresa pública no solo consolidó la incorporación de proveedores habituales del Estado dentro de la nómina de accionistas, sino que profundizó la concentración en el mapa de los servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Filiberti es socio indirecto en la distribuidora eléctrica Edenor (junto a José Luis Manzano y Daniel Vila), firma que a su vez se encuentra en proceso de adquisición de las acciones de Metrogas. Por su parte, Román posee participación activa en el mercado eléctrico mayorista a través de la firma Alma Energía.
Desde el Poder Ejecutivo defendieron el traspaso al señalar que la administración estatal entre 2006 y 2023 demandó transferencias del Tesoro Nacional por más de u$s13.400 millones, manteniendo aun así coberturas deficitarias que dejan al 25% de la concesión sin agua potable y al 36% sin red cloacal. En contraposición, entidades de análisis judicial advirtieron que la opacidad en la identificación de los propietarios finales sienta un precedente complejo para el cronograma de privatizaciones previsto en el sector energético y de transporte.
