En el programa "Actualidad Política", conducido por Ariel Sequeira y Gabriel Álvarez, el abogado Javier Leiva brindó un profundo análisis sobre el reciente fenómeno de amenazas y pintadas en establecimientos educativos de Santiago del Estero. El letrado advirtió que estas acciones no deben ser subestimadas como "travesuras", sino que constituyen delitos tipificados en el Código Penal.
Leiva explicó que el accionar de los menores —quienes en muchos casos han viralizado mensajes intimidatorios a través de redes sociales— encuadra en figuras como intimidación pública, apología del delito e instigación a cometer delitos. Si bien el Código Penal Juvenil establece sanciones más morigeradas, el abogado subrayó que la responsabilidad ética de los padres es ineludible, aunque aclaró que no existe una traslación de responsabilidad penal hacia ellos por los actos de sus hijos.
El especialista también puso el foco en la falta de infraestructura estatal para contener a adolescentes de entre 14 y 18 años, franja etaria que calificó como un "limbo" donde la atención psicológica y psiquiátrica resulta insuficiente. Ante esta realidad, advirtió sobre la peligrosidad de que este sector vulnerable sea captado por dinámicas delictivas si no se implementan políticas de reinserción y contención efectivas.
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El debate por la baja de la imputabilidad
Durante la entrevista, Leiva se mostró crítico respecto al debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Según el abogado, el sistema actual falla en la etapa de reinserción y prevención. Afirmó que el Código Penal necesita un "aggiornamiento" profundo que contemple los delitos cometidos a través de entornos digitales, como el phishing o la sextorsión, sectores donde la legislación vigente ha quedado arcaica frente a la velocidad de la tecnología.
Una visión social crítica
Más allá del ámbito legal, el invitado extendió su análisis hacia la realidad política y social. Leiva planteó una postura dura sobre el contexto actual, sugiriendo que las políticas económicas vigentes y la falta de respuesta ante las problemáticas de los sectores más vulnerables configuran un escenario de desprotección extrema. Para el abogado, el desafío no es solo punitivo, sino estructural, y requiere de una reestructuración del sistema judicial y social para garantizar el futuro de los jóvenes.
