El presidente Javier Milei confirmó que la administración nacional elabora un proyecto de ley orientado a implementar un mecanismo de "shutdown" (apagón o cierre) en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Según detalló el jefe de Estado durante una entrevista de televisión, el propósito central es profundizar las restricciones al gasto de la dirigencia política. "Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado", fundamentó el mandatario, quien vinculó el diseño de esta propuesta con un paquete de reformas estructurales que incluye modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y una nueva ley de Mercado de Capitales.
En términos institucionales, un esquema de estas características alteraría el ordenamiento administrativo vigente en el país. En la actualidad, la legislación local determina que ante la falta de aprobación de un nuevo presupuesto se prorroga el cálculo de recursos del año anterior con sus adecuaciones técnicas, lo que evita la parálisis de los servicios públicos. El modelo norteamericano, en cambio, suspende las tareas de agencias federales no esenciales y restringe la operatividad estatal a los servicios considerados críticos.
Medida de fuerza sindical en la Comisión Nacional de Energía Atómica
De forma paralela al anuncio del proyecto fiscal, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) formalizó una jornada de huelga y movilización nacional con epicentro en la provincia de Buenos Aires y repercusión en delegaciones científicas de todo el país. La medida gremial se activó en rechazo directo al cese contractual de operarios y técnicos pertenecientes a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), situación que provocó concentraciones ante el Centro Atómico Constituyentes y la sede de Bariloche.
El secretario general del gremio de estatales, Rodolfo Aguiar, responsabilizó de manera explícita a la conducción del Poder Ejecutivo por la interrupción de proyectos de desarrollo nuclear y la reducción de las estructuras en el área de ciencia y tecnología. Las autoridades gremiales argumentaron que las áreas afectadas revisten un carácter estratégico para el sistema energético y defendieron la sustentabilidad financiera del organismo estatal bajo la gestión de su actual titular, Martín Porro.
