La estrategia de la defensa de Jesica Cirio busca restarle validez a la principal prueba que sacudió la escena pública en las últimas semanas. El abogado de la conductora solicitó formalmente a la Justicia que el polémico video en el cual se la observa manipulando millonarios fajos de dólares no sea incorporado al expediente por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, argumentando que la filmación proviene de una presunta extorsión y del hackeo ilegal de un teléfono celular.
El planteo judicial se interpuso en sintonía con un fuerte despliegue ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, el doctor Luis Armella. El magistrado dispuso un allanamiento en la exclusiva propiedad de Nordelta que Cirio compartió con su expareja, el financista Elías Piccirillo, con el propósito de constatar si el vestidor del inmueble coincidía con el fondo de las grabaciones. No obstante, las pericias fotográficas permitieron descartar de forma unánime que las imágenes correspondan a esa locación.
Con esa propiedad fuera de la ecuación, la lupa de los investigadores regresó al complejo Fincas de San Vicente, la vivienda donde la modelo convivió con su exmarido y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. Para avanzar en esa línea, la Justicia citó a declaración testimonial a los efectivos policiales que participaron de los operativos anteriores y al personal doméstico que prestaba servicios en el inmueble privado.
De manera paralela, el juez Armella requirió la intervención de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para realizar un exhaustivo peritaje técnico sobre el video aportado por el periodismo. La medida busca verificar la autenticidad del soporte digital, luego de que Cirio sugiriera que el archivo audiovisual pudo haber sido adulterado mediante herramientas de Inteligencia Artificial.
El expediente, que tuvo su origen tras el escándalo internacional del denominado "Yategate" en las costas de Marbella junto a la modelo Sofía Clerici, mantiene en vilo al arco político. Si bien el juez Armella desestimó por "prematuro" el pedido de detención de los principales implicados que había formulado el fiscal Sergio Mola, sobre todos ellos pesa una estricta prohibición de salida del país que restringe sus movimientos en el exterior.
