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La Armada denunció presuntas maniobras con sueldos por más de $980 millones

La propia fuerza presentó la denuncia tras detectar inconsistencias en las acreditaciones. Investigan 645 operaciones realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026 a favor de 23 personas por más de $981 millones.

La Armada denunció presuntas maniobras con sueldos por más de $980 millones
La Armada Argentina presentó la denuncia luego de detectar presuntas inconsistencias en 645 acreditaciones realizadas a 23 personas por más de $981 millones.

La Justicia investiga presuntas irregularidades por más de $981 millones en el pago de haberes de la Armada Argentina. La denuncia fue presentada por la propia fuerza luego de detectar modificaciones en registros y archivos utilizados para efectuar acreditaciones bancarias. Bajo análisis quedaron 645 operaciones realizadas a favor de 23 personas.

La presentación fue realizada por el jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio, quien informó sobre “modificaciones efectuadas sobre registros y archivos destinados a la acreditación bancaria de haberes”.

Según la denuncia, entre julio de 2022 y enero de 2026 se realizaron 645 acreditaciones presuntamente indebidas a 23 personas, por montos superiores a los correspondientes según sus liquidaciones o, en determinados casos, sin respaldo en haberes legítimamente liquidados.

El monto total bajo investigación asciende a $981.148.567,88.

Cómo habrían funcionado las acreditaciones

De acuerdo con la presentación, las primeras anomalías fueron advertidas en febrero, cuando se detectó que cinco agentes del Departamento Revista habían recibido suplementos que no les correspondían.

Según el denunciante, esas personas posteriormente reintegraron las sumas percibidas indebidamente.

A partir de ese episodio se profundizaron los controles y comenzaron a revisarse liquidaciones correspondientes a períodos anteriores.

Allí habrían surgido diferencias entre los haberes efectivamente liquidados y los lotes de pago preparados para ser enviados al Banco Nación.

La denuncia menciona pagos por conceptos que no figuraban en las liquidaciones, importes incorporados a los lotes pero ausentes en los recibos, duplicaciones y registros correspondientes a personas cuya relación con la Armada inicialmente no pudo determinarse.

Uno de los puntos que ahora deberá esclarecer la investigación judicial es la presunta modificación de archivos después del proceso habitual de liquidación.

Según la presentación, determinados importes habrían sido incrementados transitoriamente antes de generar los archivos destinados al banco y, posteriormente, los registros eran restituidos a sus valores originales, por lo que esas modificaciones no quedaban reflejadas en los recibos publicados en el sistema.

Quiénes aparecen en la investigación

Entre las 23 personas alcanzadas por las operaciones analizadas aparecen, según la denuncia, militares en actividad y retiro, empleados civiles permanentes y contratados, personal actualmente jubilado y cuatro personas sin vínculo laboral o funcional con la Armada.

La presentación individualiza a esas últimas cuatro personas y detalla las acreditaciones que habrían recibido. Sin embargo, la inclusión de sus nombres en la denuncia no implica que tengan responsabilidad penal, cuestión que deberá establecer la Justicia.

También se consignó que la persona que habría recibido el mayor monto individual entre los casos analizados es cónyuge de quien entonces se desempeñaba como jefe del Departamento Revista.

La denuncia llegó a la Justicia Federal

El Ministerio de Defensa informó que se inició una actuación administrativa a partir de la cual se determinaron inconsistencias en las acreditaciones de sueldos.

Según el comunicado citado en el material, una vez detectadas las presuntas irregularidades se realizó una presentación ante el Juzgado Federal N° 2, con el objetivo de investigar los hechos y establecer eventuales responsabilidades.

La cartera de Defensa expresó además que existe “tolerancia cero frente a cualquier irregularidad” en la administración de recursos públicos y aseguró que se adoptarán las medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento de la ley.

La investigación deberá determinar ahora cómo se produjeron las modificaciones, quiénes intervinieron y si las operaciones detectadas constituyen delitos.

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