Mientras la atención deportiva global se concentra en los cruces eliminatorios de la Copa del Mundo, el Congreso de la Nación reactivará la agenda legislativa de seguridad con un tema de alto impacto para el fútbol local. Este miércoles 1 de julio, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados abrirá formalmente el tratamiento del proyecto de ley "anti barras", una iniciativa que pretende dotar a la Justicia de herramientas específicas para combatir de forma integral la violencia en los estadios.
El encuentro de comisiones servirá para fijar el cronograma de expositores y comenzar a consensuar las modificaciones sobre una problemática histórica que los sucesivos gobiernos han intentado regular sin éxito definitivo.
Las claves del proyecto: penas más duras y tipificación específica
El nuevo texto normativo se estructuró con base en proyectos previos que perdieron estado parlamentario, pero incorporando nuevas tipificaciones de delitos financieros y digitales adaptados a los tiempos actuales. Entre los ejes centrales de la reforma que se debatirá desde hoy se destacan:
Régimen Penal Especial: Se crea una estructura jurídica específica para los delitos cometidos en el marco de espectáculos deportivos, aumentando las penas mínimas y máximas y bloqueando las excarcelaciones automáticas para los líderes de las organizaciones.
Persecución al financiamiento: Se tipifican de forma independiente los negocios colaterales de las barras bravas, tales como el control del estacionamiento clandestino en la vía pública ("trapitos"), la venta de indumentaria oficial apócrifa y la reventa ilegal de entradas físicas o digitales.
Pena para directivos y complicidad: El proyecto contempla severas sanciones penales e inhabilitaciones para los dirigentes de los clubes, personal de seguridad privada o miembros de las fuerzas policiales que faciliten el ingreso de banderas, pirotecnia no autorizada, o que colaboren en la logística y financiamiento de estos grupos.
El Uso de la Tecnología de Control
El debate también pondrá sobre la mesa la obligatoriedad de implementar sistemas homogéneos de reconocimiento facial y biométrico en todos los estadios de la primera división y categorías del ascenso, vinculando de forma directa las bases de datos de los clubes con el programa Tribuna Segura para impedir el acceso a quienes posean derecho de admisión vigente o causas judiciales pendientes.
Los legisladores de los distintos bloques políticos buscarán emitir un dictamen de mayoría en las próximas semanas. Aunque existe consenso generalizado sobre la urgencia de avanzar contra los grupos violentos, las discusiones principales girarán en torno a las escalas de las penas y las responsabilidades legales que recaerán sobre las comisiones directivas de las instituciones deportivas.
