Por Ariel Sequeira
El gobierno de la Nación abre otro frente de lucha vinculado al proyecto elaborado por Federico Adolfo Sturzenegger, que busca modificar la ley de propiedad privada. En este caso el gobierno de Milei confrontará con la Iglesia Católica Argentina. Cáritas, la Pastoral Social y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, publicaron una dura carta abierta contra dicho proyecto. La iglesia asegura que la iniciativa contiene artículos a los que calificó de alarmantes. Las organizaciones religiosas lanzaron una alarma por la posibilidad de que se habilite la compra de tierra por extranjeros, con acceso ilimitado para el uso de reservas de agua.
Los obispos argentinos manifestaron su contrariedad con la ley Sturzenegger, porque derogaría las restricciones ambientales en zonas afectadas por los incendios forestales. Para los prelados con esta norma -si se sanciona- se debilitaría la potestad del Estado para proteger el interés comunitario. La curia reclamó poner en primer lugar el bien común y abocarse a solucionar la crisis habitacional, antes de jugar a favor de los intereses privados.
¿Más allá de las expresiones públicas de la curia, cuál es el estado actual del polémico proyecto? Actualmente se encuentra en el Senado de la Nación con dictamen favorable de las comisiones desde mayo, pero su debate en el recinto fue postergado por el propio oficialismo para más adelante al no contar con los votos asegurados para su sanción. Estuvo a punto de ser debatido en la Cámara Alta el 4 de junio, pero debido a objeciones de la oposición dialoguista, el oficialismo debió posponer su aprobación para más adelante.
Entre los aspectos más controversiales sobresale la reforma al régimen de desalojos y expropiaciones. La intención del gobierno de la Nación sería modificar la Ley de Tierras Rurales. La intención sería eliminar restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y agilizar los procesos de desalojo, lo que afectaría directamente a miles comprendidos en lo que se conoce como pueblos originarios.
La iniciativa elevada por el Poder Ejecutivo reclama el debate, al tiempo que genera fuertes rechazos y ya es innegable la polarización. Desde el Mileismo se argumenta que con la ley Sturzenegger se otorgaría mayor seguridad jurídica, aunque a todas luces no se puede ocultar que este proyecto busca beneficiar a capitales privados extranjeros. El primer y más importante crítico hasta ahora sería la Iglesia Católica, junto a las comunidades campesinas y distintos sectores políticos y sociales. Todas las alertas estarían encendidas en el supuesto riesgos para la soberanía nacional.
Más allá de los criterios estrictamente sociales que señala la iglesia, qué otros fundamentos expone para basar sus dudas ante la iniciativa oficial. Los obispos se abroquelaron en la encíclica “Magnifica Humanitas”, del Papa León. De la mencionada se rescata esta cita: “El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes”. De igual manera sumaron palabras del Papa Francisco en su encíclica “Laudato Sí”, en la que se describe a la tierra como “hermana y madre”, que sustenta, alimenta y cobija. Esta carta del Papa rechaza que el suelo sea considerado como una mercancía o como algo meramente económico. Francisco en su momento fue enfático al reivindicar la dimensión cultural e identitaria para las comunidades rurales, campesinas e indígenas.
Hace poco más de un lustro, Máximo Kirchner, ante la proliferación de incendios rurales y la posterior enajenación de esos predios devastados, que se vendían por monedas, elaboró un proyecto que se conoce en el presente como ley de fuego. Aquella norma -hoy vigente- modificó la llamada Ley de Manejo de fuego (27.604) y su objetivo desde el inicio fue desincentivar los incendios intencionales provocados por la especulación inmobiliaria o la expansión agropecuaria. La ley de Máximo Kirchner impide que los terrenos afectados por incendios (ya sean provocados o accidentales) cambien su uso original por largos períodos de tiempo para garantizar su restauración. Dicha restricción tendría un plazo de 60 años, para los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales. Para zonas agrícolas, praderas, pastizales y matorrales, sería de 30 años. Es aquí donde la iglesia denuncia que cambiar o modificar esta norma sería alarmante, por los perjuicios que podría generar. Por su parte el gobierno de Milei argumenta que las limitaciones de 30 a 60 años atentan contra la producción agropecuaria y la compraventa de tierras. Esto ha generado un fuerte rechazo político por parte de sectores que defienden la normativa ambiental.
