El frente judicial del exjefe de Gabinete de la Nación se complejizó de manera drástica en las últimas horas. El juez federal Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, dispuso la prohibición de salida del país para Manuel Adorni, quien se encuentra formalmente investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La medida restrictiva se firmó este viernes por la noche tras un requerimiento expreso del fiscal Gerardo Pollicita, encargado de impulsar la acción penal sobre el patrimonio del exfuncionario.
El dictamen judicial se precipitó luego de que trascendieran versiones periodísticas que indicaban que el exvocero de la administración libertaria —quien formalizó su renuncia el pasado 27 de junio— evaluaba la posibilidad de mudarse e instalarse de forma permanente en Uruguay junto a su núcleo familiar, argumentando episodios de hostigamiento público hacia sus allegados. A partir de este fallo, Adorni estará obligado a requerir un permiso especial firmado por el magistrado cada vez que pretenda cruzar las fronteras nacionales. De obtener la venia judicial, poseerá la carga accesoria de notificar su reasentamiento en el domicilio declarado y presentar los pasajes físicos de ida y vuelta utilizados en el trayecto.
Propiedades bajo la lupa y refacciones sospechosas en efectivo
La fiscalía de Pollicita se encuentra concentrada en auditar los movimientos financieros y la evolución patrimonial de Adorni mientras ejerció funciones jerárquicas en la Casa Rosada. En paralelo al cierre de fronteras, los peritajes contables del Ministerio Público Fiscal analizan la incorporación de activos fijos que no guardan correlación con sus ingresos declarados.
El expediente penal se originó a partir de la adquisición conjunta, junto a su esposa Bettina Angeletti, de un departamento situado sobre la calle Miró al 500 en el barrio porteño de Caballito, a lo que se sumó la compra de una propiedad residencial en el exclusivo country Indio Cua, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz. A esto se añade un inmueble en la ciudad de La Plata que el exjefe de ministros adujo haber percibido en concepto de herencia, pero que omitió inscribir en sus presentaciones juradas precedentes.
Los investigadores también focalizan su atención en las obras de remodelación efectuadas en la finca de Exaltación de la Cruz. De acuerdo con las pruebas recolectadas en sede penal, el contratista a cargo de las refacciones, Matías Tabar, habría percibido la suma de 245 mil dólares en efectivo por las tareas edilicias.
Chats comprometedores y la inminente citación a indagatoria
La situación procesal de Adorni sumó gravedad institucional tras la declaración testimonial del propio contratista, quien aportó de manera voluntaria su dispositivo de telefonía móvil a la Justicia. En el aparato quedaron registradas las transcripciones de las conversaciones que mantuvo con el exfuncionario durante la ejecución de las obras. Según fuentes judiciales, del análisis de los chats surgen indicios de un presunto intento de encubrimiento, dado que Adorni le habría ofrecido "ayuda" económica o logística a Tabar con la finalidad de direccionar su testimonio y evitar que las declaraciones lo perjudicaran ante los tribunales.
Además del patrimonio inmobiliario, la auditoría contable determinó que el exvocero adquirió vehículos, realizó recurrentes viajes turísticos al exterior y registró consumos extraordinarios mediante tarjetas de crédito, algunas de las cuales figuraban a nombre de colaboradores subalternos de la Jefatura de Gabinete. El fiscal Pollicita prevé recibir el informe técnico definitivo de los peritos de la Procuración antes del inicio de la feria judicial de invierno, pautada para el próximo 17 de julio, fecha a partir de la cual se formalizaría la citación para que Adorni preste declaración indagatoria.
