La situación procesal del exjefe de Gabinete de la Nación se complicó severamente en el plano de los tribunales federales de Comodoro Py. A requerimiento de los avances en la instrucción, el juez Ariel Lijo dispuso formalmente una restricción cautelar de movilidad que impide a Manuel Adorni abandonar de forma libre el territorio de la República Argentina.
La resolución, rubricada por el magistrado el viernes por la noche, establece un cerco preventivo sobre los desplazamientos internacionales del exfuncionario, quien a partir de este momento se encuentra obligado por ley a notificar y requerir una autorización expresa en caso de tener intenciones de viajar al exterior. Cualquier presentación en ese sentido será analizada con rigurosidad bajo el expediente principal de la causa, que acumula pruebas documentales y periciales con pasos cada vez más firmes.
Una causa que acorrala al entorno familiar
La investigación penal no se limita únicamente al patrimonio del exjefe de Gabinete, sino que despliega sus sospechas sobre su núcleo directo. La hipótesis de la justicia por presunto enriquecimiento ilícito mantiene bajo la lupa un entramado que involucra formalmente a:
El exfuncionario: Como principal imputado por el presunto incremento patrimonial no justificado durante el ejercicio de la función pública.
Su cónyuge: Investigada bajo la sospecha de haber actuado como nexo o titular de bienes adquiridos de forma irregular.
Su hermano: Quien también se encuentra salpicado por nombramientos, movimientos de fondos y adquisiciones bajo estudio contable y patrimonial.
Rumbo a la declaración indagatoria
Fuentes con acceso directo al expediente judicial confirmaron a la prensa que la prohibición de salida del país suele ser el paso inmediato previo a las convocatorias de mayor peso procesal. Los peritajes contables sobre los bienes, cuentas bancarias y consumos de Adorni y su entorno estarían arrojando inconsistencias severas, lo que acelera los tiempos para que el juez Ariel Lijo formalice el llamado a declaración indagatoria de los acusados.
La resolución ya fue debidamente notificada a la Dirección Nacional de Migraciones y a las distintas fuerzas de seguridad con control fronterizo para que se active de forma automática la alerta restrictiva en aeropuertos, puertos y pasos terrestres de todo el país. La medida generó un fuerte impacto político a nivel nacional, al tratarse de una de las figuras públicas más expuestas y de mayor centralidad institucional en la estructura del anterior andamiaje gubernamental.
