La resolución fue firmada por el juez federal Luis Armella, quien desestimó por "prematuro" el requerimiento de detención e indagatoria que había formulado formalmente el fiscal Sergio Mola. El representante del Ministerio Público Fiscal argumentaba la necesidad de un arresto preventivo ante la sospecha de que el exjefe de Gabinete bonaerense pudiera ocultar material probatorio o activar un riesgo de fuga, considerando el caudal económico investigado en el expediente.
Además de la restricción migratoria, el magistrado impuso a los encartados la obligación de no ausentarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios declarados sin previa autorización de la judicatura. Los alcanzados por la medida cautelar, que incluye a los hijos del exfuncionario (Luciano y Rodrigo Insaurralde), su sobrino Gastón Barrachina y su excuñado Víctor Donadío, deberán notificar al tribunal cualquier desplazamiento institucional o personal que implique permanecer fuera de sus residencias por un lapso superior a las 24 horas.
Peritajes informáticos y la ruta de los dólares
La causa penal, que cobró trascendencia internacional a partir del viaje de lujo realizado por Insaurralde y Clerici a Marbella en 2023, sumó nuevas evidencias tras la filtración de registros audiovisuales. Los videos exhiben a la conductora televisiva contabilizando fajos de moneda extranjera en el vestidor de la propiedad que la expareja compartía en el partido de San Vicente.
Análisis tecnológico: La fiscalía ordenó un peritaje técnico sobre los soportes digitales para determinar con precisión el volumen nominal de los dólares observados en las bolsas plásticas transparentes.
Extracción de metadatos: Tras los allanamientos efectuados en propiedades vinculadas a Cirio y su actual pareja, Elías Piccirillo, la imputada entregó su dispositivo celular bajo estricta cadena de custodia para establecer la fecha exacta de las filmaciones.
Inspección ocular: El fiscal Mola solicitó formalmente una orden de registro en la finca de San Vicente para constatar las locaciones edilicias que aparecen en las pruebas adjuntadas.
El expediente judicial mantiene el foco sobre la estructura jurídica de la firma Sasaxa Libero S.A., sociedad comercial propietaria del inmueble residencial de San Vicente. En sede judicial, el contador formal de la compañía declaró bajo juramento que firmaba los balances en locales gastronómicos, que sus claves fiscales de AFIP fueron utilizadas de forma apócrifa y que la millonaria propiedad nunca estuvo asentada formalmente en los estados contables bajo su supervisión.
