A raíz de la causa judicial que investiga una red de abuso sexual, grooming y explotación de menores en el norte de la provincia de Córdoba, la Legislatura Unicameral dispuso una reformulación en las normativas para la incorporación y control del personal no permanente de gabinete. La medida fue oficializada por la vicegobernadora y presidenta del cuerpo legislativo, Myrian Prunotto, a través del decreto 206, imponiendo a los parlamentarios responsabilidad institucional directa sobre la designación de sus colaboradores.
El expediente penal, impulsado por denuncias de familiares en el departamento Río Seco, cuenta con más de una docena de detenidos —entre ellos choferes, un efectivo de la Policía de Córdoba y un exasesor del legislador oficialista Ernesto Ramón "Cañito" Flores—. Ante el impacto político e institucional, Flores solicitó licencia en su banca, en medio de reclamos de renuncia formulados por sectores de la oposición y por la senadora nacional Alejandra Vigo.
Exigencia de antecedentes penales y declaración jurada de integridad
De acuerdo con las nuevas disposiciones, cada solicitud de contratación de asesores deberá llevar la firma del legislador o autoridad de bloque peticionante, identificando las tareas, la dependencia de destino y asumiendo expresamente la responsabilidad institucional sobre la designación. Asimismo, los parlamentarios deberán certificar mensualmente las funciones prestadas por sus colaboradores.
En cuanto a las exigencias para el personal contratado, el protocolo establece la presentación obligatoria de certificados de antecedentes penales expedidos por la Policía de Córdoba, el Registro Nacional de Reincidencia y la constancia del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, los cuales deberán renovarse cada seis meses. Adicionalmente, el personal deberá completar una Declaración Jurada de Integridad e informar en un plazo no mayor a 72 horas hábiles cualquier novedad judicial sobreviniente, bajo apercibimiento de rescisión contractual.
Auditorías y revisión sobre la planta de colaboradores actual
El alcance de la normativa comprende no solo a los nuevos ingresantes, sino también a los 1.055 agentes no permanentes que se desempeñan actualmente en el Poder Legislativo. La totalidad de los trabajadores en funciones dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para regularizar la documentación requerida y registrar sus declaraciones juradas.
La reglamentación dispone la implementación de un sistema de control de asistencia presencial y auditorías periódicas a cargo del área de Capital Humano de la legislatura, eliminando los márgenes de discrecionalidad en la supervisión de los despachos parlamentarios.
