Por Ariel Sequeira
Al gobierno de la Nación no le importa la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario. No le preocuparía o al menos no habría urgencia ante la instancia judicial. Hoy sería inminente un acuerdo con las universidades con el único interés de frenar futuras manifestaciones callejeras, llamadas marchas federales. El daño ocasionado a Milei, en su imagen en declive, estaría alcanzando tal magnitud que “abrir la billetera”, sería el menor de los males para la gestión libertaria en su cruzada por el déficit cero. Todo indica finalmente, que habría acuerdo por una recomposición salarial para los docentes universitarios y el personal no docente también.
El inminente acuerdo entre el Gobierno y las casas de altos estudios estipularía un aumento salarial del 24 por ciento. Pero no todo es salarios. Por el mismo acuerdo los hospitales universitarios recibirían unos 50 mil millones de pesos -por fuera del presupuesto-. La oferta contempla además un 20 por ciento para los gastos de funcionamiento y un 50 por ciento para las becas Manuel Belgrano, que están congeladas desde 2024. Se habría llegado a esta instancia cuando el ministerio de Economía -con la aparente venia del FMI- autorizó una partida de 800 mil millones de pesos para el sector.
Lamentablemente las negociaciones se habrían lentificado porque la Nación exigía que el Consejo Interuniversitario Nacional levante la demanda judicial. Los rectores hasta ahora se mantuvieron firmes en su negativa. Sin embargo ambas partes mostraron voluntad de diálogo, por lo que algunos analistas arriesgan que todo llegaría a buen puerto. En horas más habría una definición para destrabar la relación universidades-gobierno nacional.
En ese marco el secretario general de FATUN, Walter Merkis, advirtió que aún no hubo una convocatoria formal y pidió prudencia hasta que las negociaciones se concreten. Fue categórico respecto a la causa judicial por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El dirigente gremial no dejó dudas en ese sentido: “No nos bajamos de ninguna demanda”.
Como se sabe la acción que fue impulsada por las universidades llegó a la Corte luego de obtener fallos favorables en instancias anteriores. FATUN sostiene que cualquier acuerdo debe significar el comienzo del cumplimiento de una ley que sigue vigente. Para el dirigente se llegó a esta instancia como consecuencia directa de la movilización de la comunidad universitaria: “Todo es fruto de nuestra lucha, de nuestra unidad y de nuestra convicción”.
Más allá de la exigencia de marras, retirar la demanda de la Corte, los corrillos dejan trascender que el gobierno nacional, es decir Milei, quiere contra viento y marea terminar con las marchas populares. Hasta el presente sólo las universidades lograron aglutinar en una causa común el sentimiento negativo hacia el gobierno, como ningún otro. La pregunta es: ¿Una vez satisfechas las demandas salariales y en espera de lo que resuelva la Corte, seguirá la lucha en las calles? ¿O las quejas, léase protestas populares, serán cajoneadas o cambiadas por negociaciones de saco y corbata en aseadas oficinas, lejos de pancartas, redoblantes, bubucelas y consignas? Si no se entiende que ceder ante el reclamo salarial, no significa revalorar la educación pública, apreciar la gratuidad de los estudios universitarios… Toda la comunidad, sin distinciones, acompañó a las universidades por las calles. ¿Las universidades acompañarán los reclamos de otros sectores? El antecedente más elocuente fue en su momento el llamado “Cordobazo”, a finales de los 60. El voto libertario en las universidades es una verdad a gritos… ¿El maltrato soportado en los últimos dos años habrá modificado ese posicionamiento político partidario?
