El entramado fiscal de la República Argentina continúa posicionándose como uno de los más complejos y densos de la región. De acuerdo con un relevamiento privado elaborado por la Fundación Libertad y Progreso, el país sostiene un total de 150 gravámenes vigentes entre impuestos, tasas y contribuciones. El único avance normativo reciente hacia la simplificación se registró en la órbita del Estado nacional, que logró reducir sus instrumentos de cobro de 45 a 40 tras la aprobación de la Ley de Modernización Laboral.
Esta depuración federal implicó la quita de tributos internos que pesaban sobre los automóviles, celulares, seguros, objetos suntuarios y embarcaciones deportivas. Sin embargo, el contraste con las administraciones subnacionales resulta notorio: las provincias y los municipios concentran 110 de los 150 tributos existentes —lo que representa el 73% del universo fiscal— y, lejos de contraer sus estructuras recaudatorias, incrementaron la presión sobre el sector privado.
El debate por los plazos de eliminación y el efecto "en cascada"
Llevar adelante un desarme tributario sostenible sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas requeriría un proceso extenso en el tiempo. Una proyección técnica desarrollada por el instituto Ieral, perteneciente a la Fundación Mediterránea, determinó que compensar la quita de retenciones e impuesto al cheque demoraría 11 años, asumiendo un escenario de crecimiento económico sostenido del 3,3% anual. A nivel provincial, los plazos para sustituir las herramientas locales son aún más severos: demandaría 14 años en Santa Fe y Mendoza, 16 en Córdoba y casi dos décadas en la provincia de Buenos Aires.
"La Nación está haciendo un esfuerzo grande para disminuir la cantidad de impuestos, sería bueno que las provincias y municipios acompañen", evaluó Iván Cachanosky, economista jefe de Libertad y Progreso.
El diagnóstico sectorial subraya que, pese a la multiplicidad de normas existentes, solo seis tributos explican el 85% de la recaudación total: el IVA, Ganancias, los aportes a la Seguridad Social, el impuesto al cheque, Ingresos Brutos y la tasa municipal de seguridad e higiene (TISH). Entre los instrumentos provinciales, Ingresos Brutos vuelve a ser tipificado como el más nocivo y distorsivo para la actividad comercial debido a su efecto "en cascada", un mecanismo que grava de forma acumulativa cada eslabón productivo encareciendo el precio final de los bienes.
