Por Gabriel Alvarez:
Lo que ocurre hoy con la universidad argentina no es una crisis de presupuesto; es un proyecto de demolición ejecutado con precisión quirúrgica. Bajo el mantra de "no hay plata", el Gobierno ha decidido que los profesionales más brillantes del país sean los financistas involuntarios de un esquema de privilegios para unos pocos.
El mito de la "mala paga" histórica
Suele repetirse, con una resignación casi cínica, que los docentes universitarios "siempre ganaron poco". Es una mentira instalada para normalizar el despojo. Si retrocedemos apenas una década, un profesor adjunto con dedicación exclusiva percibía un ingreso que, traído a valores de hoy por inflación, superaría los $6.000.000.
Ese era el valor real de su conocimiento y su tiempo. Hoy, ese mismo profesional percibe apenas $1.699.188. La cifra no es solo un número: es el reflejo de una pérdida del 71,8% del poder adquisitivo en diez años. Hemos pasado de tener una clase media académica robusta a tener docentes adjuntos que, con dedicación total, no llegan a cubrir la Canasta Básica de un hogar tipo. El ajuste no es una "sintonía fina", es un hundimiento.
La trampa del "déficit cero"
La Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso y la Justicia, fue eludida por la actual gestión con una malicia administrativa inédita. El argumento oficial es la falta de recursos, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso es clara: cumplir con la ley costaría el 0,23% del PBI.
¿Es mucho? Depende de a quién se decida proteger. Mientras el Gobierno alega insolvencia para pagar salarios dignos, decide —por acción u omisión— mantener "coronitas" fiscales:
Bienes Personales: La reducción de este impuesto a la riqueza le cuesta al Estado una diferencia del 0,31% del PBI, más que suficiente para financiar toda la universidad.
Privilegios corporativos: Empresas como Mercado Libre retienen beneficios fiscales por millones de dólares que equivaldrían a casi el 6% de lo necesario para las aulas.
La caja de los espías: El presupuesto de la SIDE se infló más de un 500% en un año, mientras el de las facultades se congela.
El fin de la movilidad ascendente
La estrategia es transparente: degradar el salario hasta que el sistema colapse. Cuando un científico o un profesional de élite se ve obligado a emigrar o a refugiarse en el sector privado para poder comer, el país pierde su ventaja competitiva más valiosa.
No estamos ante un problema de arquitectura contable, sino ante una tiranía presupuestaria. El Gobierno utiliza el presupuesto como un corsé selectivo: aprieta para los maestros, pero se afloja para los autos de lujo importados y las grandes exportadoras agrícolas.
El fallo de la Cámara Federal es una advertencia final: está en riesgo el derecho mismo a enseñar y aprender. Si el silencio sigue ganando terreno, la universidad pública dejará de ser la cantera de profesionales que el mundo admira para convertirse en un dispositivo asistencial vaciado de excelencia. La República no se defiende solo con leyes, se defiende en la calle, exigiendo que el "sacrificio" no sea siempre el uniforme de los que educan. La universidad será pública hoy, mañana y siempre.
