La Justicia Federal de Río Grande dictó una medida cautelar vinculada al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en las Islas Malvinas. La jueza Mariel Borruto ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited suspender el inicio o la continuidad de determinadas obras relacionadas con el emprendimiento, entre ellas perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la explotación.
La resolución tiene carácter cautelar y, tal como aclaró la propia magistrada, no constituye una decisión definitiva sobre las responsabilidades de las compañías ni sobre el fondo de la causa.
“No importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal”, señala el fallo citado en el material.
La medida comprende el pedido de suspensión de obras y diferentes actuaciones vinculadas con el financiamiento del proyecto.
Las empresas deberán entregar información en diez días
La resolución también intima a las compañías a presentar, dentro de los diez días posteriores a su notificación, una declaración jurada acompañada de documentación que permita conocer el estado actual del proyecto Sea Lion.
Entre otros puntos, deberán informar:
- El cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de explotación.
- La cantidad, ubicación y situación actual de los pozos.
- Las unidades flotantes y equipos de perforación contratados.
- Los principales contratistas y subcontratistas.
- La estructura societaria utilizada para desarrollar el proyecto.
- Las entidades financieras y fondos involucrados.
- Los desembolsos realizados, comprometidos y pendientes.
- Las aseguradoras y reaseguradoras vinculadas.
- Los estudios ambientales, análisis de riesgo y modelizaciones de posibles derrames.
- Los planes de contingencia previstos.
También deberán detallar las obras terrestres y portuarias realizadas o proyectadas como soporte del emprendimiento y cualquier ampliación o incorporación de nuevos pozos.
El financiamiento del proyecto, bajo la lupa
Otro de los aspectos planteados en la cautelar se relaciona con los mecanismos utilizados para financiar Sea Lion.
Según reproduce la resolución, las actoras solicitaron que se impida a las compañías celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar determinadas transferencias o pagos, realizar aportes de capital y préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías o afectar activos para la ejecución del proyecto.
El expediente deberá continuar para determinar el alcance definitivo de las medidas solicitadas y las cuestiones de fondo planteadas en la demanda.
Qué le pidió la jueza a Cancillería
Borruto también requirió información al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina.
Cancillería tendrá diez días para informar si las compañías involucradas cuentan o contaron con algún permiso, habilitación, autorización o consentimiento de una autoridad argentina competente para desarrollar actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos que Argentina considera integrantes de su plataforma continental.
El requerimiento se produce en el marco de la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, territorio cuya soberanía es objeto de una disputa entre Argentina y el Reino Unido.
También pidieron informes ambientales
La jueza solicitó además información a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete.
El organismo deberá comunicar si existe en sus registros algún procedimiento de evaluación de impacto ambiental relacionado con Sea Lion o eventuales ampliaciones del proyecto presentado por las compañías involucradas o firmas relacionadas.
También tendrá que indicar si se emitió una declaración de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental o acto administrativo equivalente.
En caso de que no exista actualmente un procedimiento de esas características, el organismo deberá informar al Juzgado si eventualmente se inicia uno con posterioridad.
La resolución abre así una nueva instancia judicial argentina alrededor de Sea Lion, aunque el propio fallo remarca que la medida adoptada es cautelar y no supone todavía una resolución definitiva sobre la controversia planteada.
