En el marco de las herramientas de asistencia financiera dispuestas para las jurisdicciones provinciales, el Gobierno nacional oficializó este lunes el otorgamiento de un anticipo financiero de hasta 400.000 millones de pesos a la provincia de Córdoba. La medida, plasmada en el Decreto 584/2026 publicado en el Boletín Oficial, responde a un pedido de la administración cordobesa ante necesidades transitorias de liquidez para afrontar sus compromisos presupuestarios y obligaciones por amortización de deuda durante el corriente ejercicio fiscal.
La asistencia, coordinada por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, se fundamenta en la Ley 11.672, que faculta a la cartera económica a otorgar fondos a las provincias con cargo a los recursos que les corresponden por la coparticipación federal.
Condiciones y modalidad de reintegro
El texto oficial especifica que el monto definitivo del desembolso será fijado por la Secretaría de Hacienda, considerando la capacidad de repago de la provincia. En cuanto a los términos del acuerdo, se establecieron las siguientes condiciones:
Tasa de interés: Se aplicará una tasa nominal anual del 15% sobre el saldo pendiente de cancelación.
Reintegro: El recupero de los fondos se ejecutará mediante retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables que Córdoba recibe del Tesoro Nacional.
Garantías: La provincia deberá afectar sus fondos de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal hasta cubrir la totalidad del capital adelantado más sus respectivos intereses.
Un mecanismo utilizado en otras provincias
El decreto subraya que esta asistencia no constituye una asignación de libre disponibilidad, sino una herramienta técnica para corregir descalces financieros temporales. La normativa recuerda que el Poder Ejecutivo nacional ha implementado esquemas similares en los últimos meses para asistir a otras jurisdicciones, tales como Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy, quienes recibieron montos y condiciones equivalentes para sostener sus arcas provinciales.
La operación será auditada por la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General de la Nación, quienes actuarán como organismos responsables del registro, control y seguimiento de la ejecución financiera del préstamo.
Con esta resolución, el Gobierno nacional busca garantizar la estabilidad en la ejecución de los presupuestos provinciales, asegurando que las dificultades de flujo de caja no impacten negativamente en las obligaciones financieras ineludibles de las administraciones locales.
