Las medidas y el posicionamiento expuestos por Javier Milei en cadena nacional sobre la causa Malvinas generaron un inmediato y severo rechazo en el arco opositor. Referentes del peronismo, la izquierda y la Unión Cívica Radical cuestionaron el contenido del discurso oficial, señalando que las normativas punitivas anunciadas contra la exploración petrolera offshore ya se encontraban vigentes y denunciando un giro discursivo orientativo a buscar rédito político.
Desde el peronismo bonaerense y el espacio parlamentario de Unión por la Patria apuntaron a la demora en aplicar las herramientas legales existentes. El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, remarcó que "tardó 267 días en cumplir la ley" desde la confirmación de inversiones del proyecto Sea Lion, tiempo en el que la iniciativa "avanzó sin obstáculos con US$ 1.800 millones previstos". En la misma línea, el diputado Germán Martínez enfatizó que el mandatario tuvo "todos los elementos normativos disponibles y antecedentes concretos desde el primer día", mientras que ex funcionarios como Jorge Taiana, Agustín Rossi y Victoria Tolosa Paz coincidieron en que la anunciada construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia es un proyecto iniciado formalmente en 2022.
Por su parte, la izquierda y sectores del radicalismo advirtieron sobre los alcances del proyecto legislativo enviado al Congreso. La dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, rechazó la pretensión de delegar facultades especiales al Consejo de Seguridad Nacional e instó a "expulsar a los británicos de las islas", mientras que desde la UCR, Pablo Juliano exigió institucionalidad y acuerdos duraderos: "Una política de Estado exige la convocatoria al Consejo Nacional de Malvinas". Como excepción parcial dentro del marco crítico, el ex ministro Daniel Filmus celebró que la causa sea tratada como una prioridad nacional, aunque insistió en cuestionar la falta de aplicación de las leyes 26.659 y 26.915 durante el período de gestión previo.
