El PAMI Santiago del Estero atraviesa nuevamente una "zona oscura" que demanda respuestas institucionales urgentes. Según trascendidos internos de extrema confianza, existirían presuntas prácticas vinculadas al pedido de dinero a empleados que responden políticamente a La Libertad Avanza (LLA). Los fondos tendrían como destino el pago de alquileres partidarios, servicios y desayunos de funcionarios, desvirtuando la finalidad sanitaria y social del organismo.
Esta situación no es nueva. El antecedente más grave tiene nombre y apellido: Marcela Coronel, médica y exdirectora del PAMI Santiago, quien en 2024 denunció públicamente que referentes libertarios le exigían el 25% de su sueldo (una cifra superior al millón de pesos) como "aporte partidario". Coronel sostuvo en su momento que, al solicitar transparencia sobre el destino de ese dinero, comenzó a recibir mensajes intimidatorios.
La mirada hoy está puesta sobre Luis Horacio Ochoa, actual director ejecutivo de la UGL XIX Santiago del Estero. Ante la circulación de estas versiones que hablan de una "arquitectura política" para financiar gastos con sueldos públicos, la sociedad exige una aclaración. “El PAMI no es una unidad básica ni un comité partidario; es la obra social de los jubilados”, señalan las voces que reclaman una investigación formal sobre si estos mecanismos de presión continúan vigentes.
Los trascendidos también mencionan a un excoordinador del Plan Belgrano y actual titular de otro organismo nacional en la provincia como una de las figuras clave en este armado financiero. La sospecha de que se utilicen cargos y salarios públicos para sostener una estructura partidaria genera un contraste obsceno con la realidad de los afiliados, quienes día a día deben lidiar con auditorías y recortes para acceder a medicamentos oncológicos o tratamientos de alta complejidad.
Una pregunta moral y política
Mientras miles de jubilados santiagueños deben elegir qué medicamento comprar y cuál dejar para después, el organismo se ve envuelto en rumores de cajas políticas. La conducción nacional del PAMI y los organismos de control están llamados a intervenir para determinar si existe un condicionamiento laboral hacia los trabajadores que se niegan a entregar parte de sus haberes.
“El silencio, en estos casos, no calma; sospecha”, concluye el análisis institucional sobre una herida que nunca cerró desde la salida de Coronel. La urgencia de una desmentida con datos precisos o una investigación a fondo es imperativa: el PAMI pertenece a sus afiliados, no a los intereses de una fuerza política de turno.
Ahora en Nuevo Diario Web: Exitosa jornada informativa de MTB Nueva Esperanza reunió a vecinos, deportistas y destacados disertantes
