En contra de la tendencia nacional, Florida se ha consolidado como el estado con mayor número de ejecuciones en Estados Unidos. Mientras la mayoría de los estados han abolido la pena capital o implementado moratorias, la administración del gobernador republicano Ron DeSantis aceleró el ritmo de la maquinaria judicial. Con 15 personas ejecutadas en lo que va del año —superando ampliamente a estados como Texas— y tras un récord de 19 ejecuciones en 2025, el territorio floridano encabeza el uso de la máxima sanción penal en la nación.
La concentración de ejecuciones responde directamente a la discreción política del gobernador y a recientes reformas legislativas. DeSantis ha utilizado su facultad para firmar órdenes de ejecución de prisioneros que agotaron sus apelaciones, una práctica que analistas atribuyen tanto a su postura conservadora como a estrategia electoral. Además, el estado flexibilizó sus leyes al reducir a 8 de 12 los votos del jurado necesarios para imponer la pena de muerte —el requisito más bajo del país— e impulsó iniciativas para aplicarla automáticamente a extranjeros indocumentados condenados por delitos capitales.
El acelerado ritmo de ejecuciones genera fuertes críticas por el historial de fallos judiciales de la provincia y la oposición de diversos sectores. Florida ostenta el récord nacional de exoneraciones, con 30 personas liberadas tras comprobarse su inocencia, lo que alimenta las advertencias de activistas y juristas sobre el riesgo de cometer errores irreversibles. Pese a los reclamos de organizaciones de derechos civiles, referentes religiosos y familias de víctimas que rechazan la pena capital, el gobierno estatal mantiene su política de tolerar nulas solicitudes de clemencia.
