El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por presunta malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz del viaje oficial que realizó a Brasil, donde participó de un acto político vinculado al espacio del expresidente Jair Bolsonaro.
La presentación fue realizada por los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes sostienen que el mandatario habría utilizado recursos del Estado para asistir a una actividad de carácter partidario.
Qué plantea la denuncia
Según el escrito, Milei habría empleado el avión presidencial, la comitiva oficial y fondos del erario público para participar de un acto político en respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro.
Los denunciantes consideran que ello implicó un presunto desvío de recursos públicos respecto de la finalidad para la que fueron asignados.
Además, cuestionaron las declaraciones que el Presidente realizó durante ese acto, donde calificó al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como "presidiario" y al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como "basura calva".
Los argumentos jurídicos
Los abogados sostienen que esas expresiones fueron realizadas en un acto político opositor y que constituyeron una intervención en asuntos internos de Brasil.
En la denuncia afirman que el viaje "desnaturalizó por completo el destino específico de los fondos públicos asignados para la representación exterior de la República Argentina" y que el uso de esos recursos habría respondido a intereses partidarios.
Asimismo, señalaron que la conducta habría generado un perjuicio en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Para fundamentar su presentación, citaron el principio de no injerencia previsto en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU.
Qué delitos mencionan
Los denunciantes consideran que los hechos podrían encuadrarse en el delito de malversación de caudales públicos, previsto en el artículo 260 del Código Penal, al entender que bienes y recursos estatales habrían sido utilizados con un fin distinto al previsto.
También sostienen que podría configurarse el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplado en el artículo 248 del Código Penal.
Las medidas solicitadas
Como parte de la investigación, los abogados pidieron que la Justicia requiera a la Jefatura de Gabinete y a la Casa Militar información sobre el viaje presidencial.
Entre la documentación solicitada figuran el detalle de los gastos, viáticos, los integrantes de la comitiva oficial y las órdenes de vuelo del avión presidencial.
Además, solicitaron que, una vez reunidas las pruebas, el presidente Javier Milei sea citado a prestar declaración indagatoria.
