El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una modificación de la Ley 24.901 que cambiaría el funcionamiento del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La iniciativa propone eliminar los valores nacionales del Nomenclador de Discapacidad y dejar que cada obra social, prepaga y el Estado definan los aranceles de las prestaciones.
La propuesta forma parte del texto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y todavía debe ser debatida y aprobada para entrar en vigencia.
Qué propone el proyecto de Presupuesto 2027
El cambio aparece en el artículo 39 del proyecto, que modifica el artículo 7 bis de la Ley 24.901.
Actualmente, esa normativa establece que las prestaciones del sistema deben tener valores comunes para todos los agentes obligados, independientemente de la obra social o prepaga del beneficiario.
El proyecto plantea un esquema distinto: mantener la obligación de garantizar las prestaciones, pero sin un nomenclador nacional con aranceles universales.
Qué cambiaría si se aprueba la reforma
Según el proyecto, la atención seguirá siendo considerada universal, pero:
Las obras sociales y prepagas podrán definir los aranceles que pagarán por cada prestación.
Los valores podrán variar según la jurisdicción y el financiador.
Se mantendrá un piso mínimo de prestaciones basado en estándares de calidad y acceso, pero no un precio único para todo el país.
En el caso del Estado nacional, el proyecto establece que los aranceles serán determinados cada tres meses por la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud.
Si esa actualización no se realiza en el plazo previsto, el Ministerio de Salud deberá fijar los valores tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Qué es el Nomenclador Nacional de Discapacidad
El nomenclador es la referencia oficial que fija los valores de las prestaciones incluidas en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.
Entre ellas se encuentran servicios como:
Rehabilitación;
Transporte;
Acompañamiento terapéutico;
Apoyo a la inclusión educativa;
Hogares e internaciones;
Centros de día y otras prestaciones especializadas.
Los aranceles del nomenclador sirven como base para los pagos que realizan obras sociales, prepagas y organismos públicos a los prestadores.
El antecedente de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Durante los últimos años, el financiamiento del sistema fue uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno y organizaciones vinculadas al sector.
Según el material difundido sobre el proyecto, el Ejecutivo ya había impulsado modificaciones similares y el debate volvió a instalarse con la discusión del Presupuesto 2027.
Ahora será el Congreso el que deberá analizar si mantiene la redacción propuesta, la modifica o rechaza ese artículo durante el tratamiento de la ley.
