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Radiografía del conflicto: por qué la comunidad universitaria marchó hoy contra el ajuste de fondos

Miles de docentes, estudiantes y rectores se movilizan en todo el país para exigir que el Gobierno acate la ley. El presupuesto universitario sufre un recorte real superior al 41 por ciento.

Radiografía del conflicto: por qué la comunidad universitaria marchó hoy contra el ajuste de fondos

Este martes, las principales plazas del país —incluida la ciudad Capital de Santiago del Estero— se convirtieron en el epicentro de un reclamo unificado: la exigencia al Gobierno de Javier Milei para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Pese a que el Congreso ratificó la normativa y rechazó el veto presidencial, el Ejecutivo mantiene el conflicto judicializado y los fondos congelados.

El malestar que paraliza a más de sesenta universidades públicas tiene raíces técnicas y económicas que explican la masividad de la convocatoria.

Los dos pilares del reclamo

La comunidad educativa defiende dos puntos básicos contemplados en la ley vigente, diseñados para evitar el colapso del sistema:

  1. Gastos de Funcionamiento: La ley obliga a actualizar las partidas para servicios (luz, gas), hospitales universitarios y ciencia, aplicando la inflación acumulada de 2023 y 2024, con ajustes bimestrales según el IPC del INDEC.

  2. Recomposición Salarial: Exige actualizar los sueldos de docentes y nodocentes, quienes sufrieron una pérdida de poder adquisitivo drástica desde diciembre de 2023, vinculando sus haberes a la inflación oficial.

Los números del "ahogo" presupuestario

La bronca que se siente en las aulas se traduce en cifras alarmantes. Según informes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto para educación superior registra una reducción real acumulada del 41,6% respecto del año pasado.

El dato más crítico revela que las transferencias reales del Estado a las universidades cayeron un 45,6% desde 2023, lo que ha licuado el alcance de las becas estudiantiles y frenado la compra de insumos básicos para laboratorios y facultades.

Ante la negativa del Ministerio de Economía de liberar las partidas y a la espera de un fallo de la Corte Suprema que defina el fondo de la cuestión legal, rectores, docentes y alumnos coinciden en que la movilización callejera es, hoy por hoy, la única vía para garantizar que las puertas de las universidades sigan abiertas.


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