Un fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria aplicada durante el gobierno de Alberto Fernández y ordenó recalcular los haberes de una jubilada por el período comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024. La resolución consideró que el mecanismo de actualización provocó una importante pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y dispuso utilizar la fórmula sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri. Sin embargo, la decisión corresponde a un caso particular y no representa un aumento automático para todos los beneficiarios de ANSES.
La sentencia fue dictada por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, integrada en este caso por los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado.
Los magistrados revocaron una decisión de primera instancia que había rechazado el reclamo de Carmen Galletta, una jubilada que cuestionó el deterioro de sus ingresos como consecuencia de la aplicación de la ley 27.609.
Esa normativa, vigente entre 2021 y mediados de 2024, establecía actualizaciones basadas en la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria, sin incorporar directamente la inflación como variable de cálculo.
Para la Cámara, la ausencia de un mecanismo que garantizara una protección mínima frente al aumento de los precios terminó afectando el valor real de los haberes.
La pérdida de poder adquisitivo que detectó la Justicia
Uno de los principales fundamentos de la resolución fue la comparación entre los aumentos jubilatorios y la inflación acumulada durante la vigencia del régimen cuestionado.
Según el análisis judicial, entre marzo de 2021 y marzo de 2024 las jubilaciones registraron un incremento acumulado del 553,55%.
Sin embargo, durante ese mismo período, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) utilizada en la sentencia alcanzó el 1.129,07%.
A partir de esa diferencia, los magistrados calcularon una pérdida del poder adquisitivo cercana al 46,83%.
El tribunal consideró que el mecanismo de movilidad no logró acompañar el aumento del costo de vida y que esa situación justificaba revisar su constitucionalidad.
Además, sostuvo que los incrementos posteriores vinculados con la inflación no fueron suficientes para recuperar la pérdida acumulada.
La explicación es que, cuando una jubilación comienza a actualizarse sobre una base que ya perdió valor, los aumentos posteriores pueden mantener esa diferencia sin corregirla.
Qué fórmula deberán aplicar para recalcular la jubilación
Como mecanismo de recomposición, la Cámara ordenó utilizar el esquema establecido por la ley 27.426, aprobada durante la gestión de Mauricio Macri.
Esa fórmula contemplaba aumentos trimestrales mediante una combinación de dos indicadores:
70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
30% de la evolución salarial medida por el índice RIPTE.
La resolución dispuso aplicar ese mecanismo para recalcular el haber de la demandante desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive.
Posteriormente, el monto resultante deberá vincularse con el régimen de movilidad que comenzó a aplicarse a partir de ese período.
Los jueces optaron por recurrir a una fórmula que ya había sido aprobada por el Congreso, en lugar de aplicar retroactivamente el sistema actual.
De esta manera, el cálculo buscará determinar cuál habría sido la evolución del haber si se hubiera utilizado el mecanismo anterior durante los años cuestionados.
¿Todos los jubilados de ANSES recibirán un aumento?
Este es uno de los puntos centrales de la resolución: el fallo no dispone una suba generalizada de las jubilaciones ni obliga a ANSES a recalcular automáticamente los haberes de todos los beneficiarios.
La sentencia responde al reclamo judicial presentado por Carmen Galletta y sus efectos directos se limitan a ese expediente.
Sin embargo, constituye un antecedente relevante para otros procesos en los que se cuestiona la aplicación de la fórmula de movilidad establecida por la ley 27.609.
La Cámara consideró que ya había transcurrido un período suficiente para evaluar las consecuencias económicas del régimen y concluyó que la pérdida de capacidad de compra justificaba declarar su inconstitucionalidad en el caso analizado.
Por ese motivo, la resolución podría ser utilizada como antecedente en futuras demandas o en expedientes que ya se encuentran en trámite, aunque cada situación deberá ser evaluada judicialmente.
Cómo se calcularán las diferencias y los intereses
El fallo no estableció una cifra definitiva que ANSES deba abonar a la demandante.
El importe correspondiente se determinará durante la etapa de liquidación, cuando se realicen los cálculos y se comparen los haberes efectivamente percibidos con los que resultarían de aplicar la fórmula ordenada.
Para evitar pagos duplicados, deberán descontarse las sumas ya cobradas en concepto de movilidad, adelantos, recomposiciones y ayudas extraordinarias.
Además, la Cámara admitió la excepción de prescripción planteada por ANSES, lo que limita el período por el cual pueden reclamarse determinadas diferencias retroactivas.
En cuanto a los intereses, el tribunal ordenó aplicar la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.
También dispuso que las costas de ambas instancias queden a cargo del organismo previsional.
Por otra parte, declaró la inconstitucionalidad del artículo 9, inciso 3, de la ley 24.463 para este caso, siempre que durante la liquidación se compruebe que la aplicación del tope correspondiente produce una reducción igual o superior al 15%.
Un nuevo antecedente en los reclamos contra ANSES
El expediente presenta una particularidad: la jubilada ya había obtenido una sentencia favorable por un reajuste de haberes en 2014, cuya liquidación fue aprobada en 2019.
No obstante, los magistrados entendieron que aquella resolución no impedía examinar una pérdida posterior del poder adquisitivo derivada de la aplicación de un régimen de movilidad diferente.
Con este criterio, la Cámara distinguió entre el reajuste reconocido anteriormente y los efectos económicos que produjo la fórmula vigente entre 2021 y 2024.
La decisión representa un antecedente judicial significativo en materia previsional, aunque su impacto sobre otros jubilados dependerá de los reclamos que se presenten, las decisiones de los tribunales y la evolución procesal de la sentencia.
