La Justicia resolvió que los dos acusados de una presunta estafa millonaria contra la empresa Mercon SRL continúen detenidos durante otros diez días. La decisión alcanza al propietario de la lomitería Lomo Khai y a un empleado bancario señalado como responsable de la administración financiera del comercio, en una investigación que busca esclarecer maniobras comerciales por aproximadamente 170 millones de pesos.
La resolución fue adoptada por el juez de Control y Garantías Raúl Rodolfo Améstegui, quien hizo lugar al pedido presentado por la fiscal Celia Mussi y rechazó las solicitudes de excarcelación formuladas por las defensas.
La medida alcanza a José Agustín Khairallah, propietario del establecimiento gastronómico, y Cristian Barrón Palazzi, empleado del Banco Francés que, según la hipótesis fiscal, también cumplía funciones vinculadas con las finanzas del negocio.
Durante la audiencia, los abogados defensores sostuvieron que sus representados cuentan con arraigo familiar y laboral, además de argumentar que no existen riesgos procesales suficientes para justificar la continuidad de las detenciones.
Sin embargo, la Fiscalía consideró necesario mantener la medida mientras se completan diligencias que podrían resultar fundamentales para esclarecer los hechos denunciados.
De esta manera, ambos permanecerán privados de la libertad por otros diez días, contados desde el miércoles 28 de octubre.
Una presunta maniobra con 53 cheques y un perjuicio de $170 millones
La investigación se concentra en una serie de operaciones comerciales realizadas entre noviembre de 2025 y julio de 2026.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, Khairallah habría adquirido equipamiento destinado a su actividad gastronómica mediante la entrega de 53 cheques de pago diferido.
Posteriormente, esos documentos habrían sido rechazados, situación que motivó la denuncia de la empresa proveedora Mercon SRL.
La firma sostiene que las operaciones le provocaron un perjuicio económico cercano a los 170 millones de pesos, monto que ahora forma parte de la investigación judicial.
En paralelo, los investigadores buscan determinar cuál habría sido la participación de Barrón Palazzi en la administración financiera del comercio y si tuvo intervención en las operaciones cuestionadas.
Durante la audiencia, su defensa ofreció una caución real mediante un Toyota Corolla modelo 2024, cuya valuación oficial rondaría los 37 millones de pesos, además de otras garantías personales.
El ofrecimiento fue presentado como una alternativa para obtener su libertad mientras continúa el proceso.
No obstante, la Fiscalía se opuso al planteo y sostuvo que todavía existen diligencias pendientes cuya realización podría verse afectada por la liberación de los investigados.
La querella, en representación de Mercon SRL, acompañó la solicitud fiscal y expuso las consecuencias económicas que la firma asegura haber sufrido a raíz de los incumplimientos denunciados.
Las pruebas que todavía necesita reunir la Fiscalía
Uno de los argumentos centrales para solicitar la extensión de las detenciones fue la necesidad de completar distintas medidas probatorias.
Entre ellas se encuentra la declaración del gerente del Banco Francés, cuya información podría contribuir a reconstruir el funcionamiento de las operaciones financieras investigadas.
También se aguarda la incorporación de informes bancarios y el análisis de documentación secuestrada durante el avance de la causa.
Otro punto importante será la extracción y evaluación de información almacenada en teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, con el objetivo de identificar comunicaciones y movimientos relacionados con las transacciones cuestionadas.
La Fiscalía pretende, además, reconstruir el recorrido del dinero y establecer si existieron otras operaciones comerciales o proveedores que puedan aportar datos relevantes.
Con estos elementos, los investigadores buscarán precisar cómo se desarrollaron las presuntas maniobras y qué grado de participación habría tenido cada acusado.
Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez Améstegui resolvió conceder la prórroga solicitada por la fiscal Mussi.
La decisión implica que los dos investigados continuarán detenidos mientras se desarrollan las diligencias pendientes, aunque no representa una declaración de culpabilidad.
Hasta el momento, la causa se encuentra en etapa de investigación y ninguno de los acusados cuenta con una condena por los hechos denunciados.
