El escenario de protesta en las instituciones dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sumó un nuevo capítulo de fuerte visibilización institucional. Los centros de estudiantes de ambos colegios tradicionales ratificaron la profundización de sus respectivos planes de lucha, manteniendo la ocupación pacífica de los edificios históricos como mecanismo de presión política ante la falta de actualización de las partidas destinadas a salarios docentes, infraestructura y funcionamiento civil.
Desde las conducciones estudiantiles argumentaron que la parálisis presupuestaria compromete de forma directa los estándares de excelencia académica que caracterizan a las instituciones preuniversitarias. La principal demanda del sector se concentra en la vigencia efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa técnico-legal que establece mecanismos automáticos de actualización presupuestaria indexados por los índices inflacionarios, con el fin de blindar los recursos operativos frente a las devaluaciones económicas del período.
Las autoridades rectoras de la UBA manifestaron su preocupación por la pérdida de días de clase en el ciclo lectivo, aunque coincidieron en la gravedad de la situación presupuestaria que atraviesan los laboratorios, hospitales universitarios e institutos de investigación. Se esperan horas decisivas tras las conclusiones que arrojen las asambleas vespertinas de este miércoles, las cuales determinarán si las ocupaciones se extienden durante el resto de la semana o si se muta hacia modalidades de protesta periféricas.
