La actriz y activista Thelma Fardín volvió a pronunciarse públicamente en torno a las severas barreras institucionales y de contención que afrontan las ciudadanas al momento de formalizar presentaciones judiciales, y cuestionó con dureza el proyecto de ley impulsado en la Cámara Alta por la senadora Carolina Losada respecto a las denominadas denuncias falsas.
Durante una extensa entrevista concedida a una plataforma digital de contenidos, la joven sostuvo que la iniciativa parlamentaria "va a desalentar aún más las presentaciones ante las fiscalías correspondientes". Consideró, asimismo, que la propuesta no tiene como meta optimizar los engranajes del Poder Judicial, sino instaurar un factor de intimidación en quienes acuden a las comisarías del sector.
“Nadie está en contra de que se investigue cuando hay una presentación falaz. La Justicia tiene que actuar rápido y con rigor”, expresó Fardín, aclarando de inmediato que el proyecto en cuestión “no viene a resolver esa problemática de fondo” y que, por el contrario, “coloca una carga institucional y un manto de sospecha muy fuerte sobre las denunciantes”.
Análisis del sistema penal y porcentajes de condena
La referente evocó las instancias del extenso proceso penal que debió litigar en los tribunales federales, señalando el estado de vulnerabilidad y desamparo en el que se encuentran las recurrentes. “Cualquier persona que se encuentra del otro lado de las ventanillas de asistencia tiene un profundo pánico de iniciar las actuaciones”, afirmó.
En ese sentido, aportó referencias numéricas respecto al funcionamiento sistémico de los fueros específicos, remarcando que históricamente solo un bajo porcentaje de las causas iniciadas por vulneraciones a la integridad logran una sentencia condenatoria firme. De igual modo, cuestionó el tratamiento diferencial y los sesgos que reciben este tipo de casos en comparación con delitos de índole patrimonial común.
Los detalles de la reforma propuesta
El articulado que promueve la senadora de la oposición propone elevar las escalas penales vigentes por el delito de denuncia falsa a un rango de entre 3 y 6 años de prisión efectiva, mientras que las sanciones relativas al falso testimonio se reestructurarían con máximos de hasta 8 años, tipificaciones que en la actualidad ya se encuentran penalizadas en el Código Penal Argentino.
La iniciativa generó un inmediato e intenso debate político y social en las comisiones técnicas del Congreso de la Nación, donde diversas organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia manifestaron su preocupación por el impacto adverso que podría proyectar sobre futuras solicitudes de protección y medidas cautelares de urgencia.
