La artista Tini Stoessel confirmó el distanciamiento total con su entorno familiar y el inicio de una revisión administrativa sobre la gestión económica de su carrera. A través de declaraciones enviadas al conductor Ángel de Brito para el programa LAM, la cantante precisó que mantiene bloqueadas las vías de comunicación con sus progenitores y que trabaja bajo el asesoramiento de un nuevo equipo profesional.
El detonante del conflicto comercial responde a un requerimiento de auditoría contable dirigido a su padre y exmánager, Alejandro Stoessel. La intérprete solicitó la rendición de cuentas integral respecto de los contratos y la totalidad de los balances financieros generados desde el comienzo de su actividad artística en la industria del espectáculo.
Disputa por derechos de autor y restricciones comerciales
Entre los puntos normativos reclamados, la artista señaló la titularidad del proyecto audiovisual titulado Futttura. La producción, ideada y editada por la cantante, figura bajo la titularidad de su progenitor, circunstancia que motivó el reclamo por la restitución de los derechos de propiedad intelectual e industrial correspondientes.
Paralelamente, allegados a la cantante expusieron que la gestión de su exequipo de representación imponía un control estricto sobre sus decisiones personales, la administración de bienes patrimoniales y la concertación de pautas publicitarias sin su consentimiento directo.
La postura legal de la representación paterna
Frente a la repercusión pública de los datos expuestos, la representación legal de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera ofreció precisiones en el ciclo televisivo Intrusos. El abogado Agustín Rodríguez aclaró que no se encuentra radicada formalmente ninguna denuncia judicial ni demanda de carácter civil contra sus asistidos.
El letrado argumentó que los requerimientos de información contable solicitados previamente fueron respondidos en su totalidad. No obstante, las partes continúan la revisión de los estados financieros a través de sus respectivos asesores contables y jurídicos para encauzar la división de activos institucionales.
