En una resolución de 382 páginas, la Justicia Federal agravó la situación procesal de empresarios y directivos vinculados a la producción y distribución de fentanilo adulterado. La medida se conoce al cumplirse exactamente un año del inicio del caso, detectado originalmente el 13 de mayo de 2025 en el Hospital Italiano de La Plata.
La investigación determinó que los lotes 31202 y 31244, fabricados en condiciones de "serias deficiencias", estaban contaminados con bacterias como Klebsiella pneumoniae. El Instituto Malbrán fue determinante al confirmar que las bacterias halladas en las ampollas eran genéticamente idénticas a las aisladas en los pacientes fallecidos.
Cifras que conmocionan
Aunque el procesamiento actual se amplió por 90 víctimas fatales y 44 no fatales, el expediente advierte que la cifra es provisoria. Existen más de 100 casos sospechosos bajo análisis del Cuerpo Médico Forense. El relevamiento judicial es complejo:
Se analizan miles de historias clínicas de 17 jurisdicciones.
Se investigan defunciones ocurridas meses después del suministro.
Existen irregularidades en los registros de trazabilidad de los hospitales.
Responsabilidades y negligencia
El juez Kreplak sostuvo que los responsables conocían las fallas estructurales de la planta y las advertencias previas de la ANMAT, pero continuaron con la producción. Entre los principales investigados figuran:
Ariel Fernando García Furfaro (dueño del conglomerado) y su hermano Diego.
Nilda Furfaro (vicepresidenta de HLB) y Javier Tchukrán (director general).
Directores técnicos y jefes de control de calidad de ambas firmas.
La imputación pasó de la simple adulteración de medicamentos a una responsabilidad directa por las muertes, tras comprobarse que el fármaco ingresó al circuito sanitario con documentación presuntamente falsa para ocultar la falta de controles de esterilidad.
Recupero judicial
Debido a que la ANMAT admitió no tener capacidad operativa para retirar el producto de todo el país, el Juzgado ordenó la inmovilización directa de ampollas en clínicas y droguerías. El operativo alcanzó a establecimientos sanitarios de casi todo el territorio nacional, en lo que ya se considera uno de los mayores escándalos de la industria farmacéutica argentina.
