A un mes del dramático episodio en la Escuela Normal N°40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal, las heridas sociales y psicológicas siguen abiertas. El lunes 30 de marzo pasado, la rutina escolar se quebró cuando Gino C., un alumno de 15 años, ingresó con una escopeta de caza calibre 12/70 y abrió fuego a mansalva, terminando con la vida de Ian Cabrera (13) y provocando una estampida que dejó múltiples heridos.
En el plano judicial, el atacante fue declarado inimputable. Esto se debe a que la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años entrará en vigencia recién en septiembre próximo. Actualmente, el adolescente se encuentra alojado en una institución especial en la capital de Santa Fe con restricciones ambulatorias, aunque trascendió que podría retomar sus estudios de manera virtual antes de mitad de año.
Impacto en la comunidad y "efecto contagio"
La escuela intenta normalizar sus actividades mediante jornadas de convivencia y reflexión. Sin embargo, los daños colaterales persisten en las familias de los ocho estudiantes lesionados por perdigonadas o golpes durante la huida. La intervención de un portero, que redujo al tirador mientras intentaba recargar el arma, evitó que la masacre fuera aún mayor.
Como consecuencia directa de este hecho, se desató una ola de intimidaciones en toda la provincia: cerca de 150 establecimientos educativos recibieron amenazas de tiroteos. Alumnos de diversos niveles generaron caos con carteles en baños y redes sociales, emulando el trágico suceso de San Cristóbal.
Sanciones económicas ejemplares
Ante esta situación, el Gobierno de Santa Fe tomó una decisión drástica para frenar la psicosis colectiva. Amparados en el artículo 1754 del Código Civil y Comercial, las autoridades determinaron que los padres de los alumnos que realicen falsas amenazas deberán afrontar los costos de los operativos policiales.
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Multa millonaria: Una familia ya fue notificada oficialmente y deberá pagar 6.024.944 pesos por un operativo derivado de una amenaza falsa.
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Investigaciones en curso: Hay más de 70 sospechosos identificados, por lo que el número de padres sancionados por "responsabilidad parental" se elevará considerablemente en los próximos días.
Las autoridades esperan que estas imposiciones económicas sirvan como un freno disuasorio, tal como ocurrió en años anteriores con las amenazas de bomba. Mientras tanto, la ciudad de San Cristóbal abraza a la familia de Ian, el único hijo de un matrimonio que hoy exige justicia frente a los vacíos legales que protegen al victimario.
