La compañía estatal YPF oficializó la presentación del proyecto LLL Oil para acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una iniciativa que contempla un desembolso de 25.000 millones de dólares. El anuncio fue encabezado por el presidente y CEO de la firma, Horacio Marín, quien calificó la propuesta como el programa de exportación de petróleo más importante en la historia de la Argentina. Sin embargo, la corporación aclaró que el ingreso al sistema de beneficios no es automático, ya que la documentación deberá sortear primero un exhaustivo proceso administrativo de evaluación gubernamental.
La proyección integral del plan apunta a generar ingresos superiores a los 100.000 millones de dólares en ventas externas a lo largo de su vida útil, estimando un flujo de 6.000 millones de dólares anuales hacia el año 2032. Para alcanzar estas metas, el diseño operativo contempla la perforación de 1.152 pozos en la formación de Vaca Muerta, con el objetivo de consolidar una producción de 240.000 barriles diarios de crudo. Al tratarse de un desarrollo progresivo, el impacto más significativo en los volúmenes de extracción se evidenciará hacia el final de la presente década.
En términos de infraestructura y logística, la totalidad del petróleo obtenido se destinará a los mercados internacionales y será transportado a través del futuro oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, mientras que el gas natural asociado se reservará para el abastecimiento estratégico del mercado interno. El planeamiento técnico prevé un desarrollo integrado de áreas geográficas contiguas, lo que permitirá unificar instalaciones de superficie, sets de fractura y la cadena logística de insumos críticos como agua y arena. Mediante esta sinergia operativa, la conducción de la petrolera confía en reducir costos y sostener la eficiencia a largo plazo.
Finalmente, el proyecto dinamizará el mercado laboral con la proyección de 6.000 puestos de trabajo directos durante la fase de ejecución y desarrollo de las obras. Desde la perspectiva del Gobierno nacional, este movimiento corporativo representa un fuerte respaldo político para la Ley Bases, consolidando al RIGI como la herramienta central para captar capitales de gran escala, cuyo éxito definitivo quedará supeditado al financiamiento efectivo y al cumplimiento de los plazos de obra comprometidos.
