Una serie de hechos de extrema crueldad hacia animales, ampliamente difundidos en redes sociales, ha generado conmoción y repudio en la sociedad santiagueña. Desde canes eviscerados y aves de corral torturadas hasta denuncias de zoofilia, estos actos han abierto un intenso debate ético y legal.
LV11 conversó en exclusiva con la abogada Andrea Achari, patrocinante de la ONG “El Montecito de los Canichones”, quien esclareció el marco legal y las graves consecuencias que enfrentan quienes cometen estos delitos.
La ley es clara: maltratar animales es un delito
La profesional fue contundente: “Cada uno de estos hechos configura un delito penado”. Achari se refirió específicamente a la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal, que protege un interés público vinculado al orden social, la salud y el ambiente.
“Agredir a los animales está penado por esta ley. No queda ninguna duda sobre la responsabilidad legal de quienes se involucran en situaciones como las descriptas”, enfatizó la letrada, cuyo patrocinio es clave para llevar adelante las acciones judiciales correspondientes.
Casos emblemáticos y la peligrosa viralización
Achari recordó la participación de la ONG en casos que marcaron precedente, como el del apodado “Diyi” de Añatuya, quien causó la muerte aberrante de una perra. Pese a sus antecedentes (incluida la muerte de un adulto mayor), el acusado fue declarado inimputable por sus facultades mentales y, lamentablemente, “seguiría en libertad y sin control médico”.
Otro caso citado fue el de un grupo de adultos que mató a palos a una iguana mientras otros grababan el hecho con celulares para subirlo a redes. “La publicidad de estas acciones suma un componente tecnológico que ratifica la crueldad del hecho”, analizó Achari, destacando que aquí los involucrados tenían pleno conocimiento de sus actos.
El caso más reciente: crueldad con aves de corral y motos
En las últimas horas, cobró notoriedad el video de dos mujeres descuartizando un ave de corral al pasarle una moto por encima, regocijándose y subiendo la grabación a internet. Sobre este hecho, Achari fue tajante: “Es un delito según la ley de protección animal. No pueden ser consideradas inimputables. Deberían ir a juicio y, si así lo ameritan los hechos, ser condenadas”. Estos tipos de casos, explicó, suelen ser penados con prisión en suspenso.
La abogada concluyó que la reiteración de acciones con un modus operandi similar –que incluye la grabación y difusión– expone una grave distorsión social, donde “personas que nunca miden las consecuencias” encuentran en las redes una plataforma para su crueldad.
