La problemática de la seguridad en los establecimientos penitenciarios ha tomado una nueva y preocupante dimensión tras conocerse el volumen de conectividad móvil dentro de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Según registros oficiales, existen actualmente cerca de 50.000 líneas de telefonía celular registradas legalmente por los internos. Si bien la medida se profundizó durante la pandemia para facilitar el contacto familiar, el uso de estos dispositivos ha derivado en una ola de ciberdelitos que afecta a ciudadanos de todo el país, incluido Santiago del Estero.
El modus operandi detrás de los muros
Las investigaciones judiciales señalan que, bajo el amparo de la legalidad de la tenencia, bandas organizadas operan desde el interior de los pabellones realizando el denominado "cuento del tío", engaños a través de WhatsApp y falsas gestiones bancarias. La facilidad para acceder a chips y la falta de un control riguroso sobre el destino de las llamadas permiten que los delincuentes mantengan una infraestructura delictiva activa. "Es una oficina del crimen que funciona las 24 horas", advirtieron fuentes especializadas en delitos complejos.
Medidas de prevención y control urgente
Ante el crecimiento exponencial de las denuncias por estafas virtuales, diversas organizaciones y sectores de la justicia reclaman la instalación de inhibidores de señal o una restricción más severa del uso de dispositivos personales. Mientras tanto, se recomienda a la población extremar los cuidados: no brindar claves de seguridad, desconfiar de premios inesperados y recordar que ninguna entidad bancaria solicita datos sensibles por teléfono. El seguimiento de estas 50 mil líneas representa hoy uno de los mayores desafíos para las fuerzas de seguridad nacionales.
