La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una ley de amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles de ese país. La medida, dada a conocer a casi un mes de la captura y el derrocamiento de Nicolás Maduro, contempla también el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide, símbolo de la represión y el abuso del chavismo.
"Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz, para que en las próximas horas instalados en urgencia presenten la ley ante la Asamblea Nacional", indicó la mandataria ante el Tribunal Supremo de Venezuela en la apertura del año judicial.
“Que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo”, aseguró Delcy Rodríguez, tras aclarar que esta iniciativa se había conversado con Maduro. También pidió a los futuros beneficiarios de la ley y a quienes ya fueron liberados en las últimas semanas que eviten "la venganza, la revancha y el odio".
En este nuevo proyecto de ley de amnistía general quedarían fuera las personas que se encuentren encarceladas por delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los Derechos Humanos.
El anuncio tuvo lugar en medio de un proceso de liberación con controversias: mientras el gobierno interino asegura haber dejado en libertad a más de 600 presos políticos, las organizaciones de derechos humanos verifican cifras sensiblemente menores. Incluso, advierten que muchas excarcelaciones todavía están sujetas a restricciones, como prohibiciones de salir de Venezuela o de hablar con la prensa.
La iniciativa de amnistía general fue recibida con cautela por las organizaciones de derechos humanos, que insisten en la necesidad de que la ley incluya a toda la sociedad civil sin discriminación y advierten que la liberación de detenidos “no sea concebida como un acto de clemencia, sino como la restitución de derechos fundamentales”.
