Las abogadas Martina Magnone y Dahina Quinteros, integrantes de Abogados Solidarios, visitaron ADN de Radio por LV11 para analizar recientes casos de presunto maltrato animal registrados en Santiago del Estero y explicar qué pueden hacer los vecinos cuando detectan una situación de estas características.
Durante la entrevista abordaron particularmente dos hechos: el rescate de dos perros en Pozo Hondo y una causa iniciada tras la muerte violenta de un perro en San Javier, departamento Banda.
Las profesionales destacaron además la necesidad de fortalecer la prevención, promover las denuncias y avanzar con nuevas herramientas provinciales, entre ellas un registro de personas sancionadas por maltrato animal.
Dos perros fueron retirados de un domicilio en Pozo Hondo
Uno de los casos más recientes ocurrió en Pozo Hondo, donde recibieron reportes sobre dos perros labradores que se encontraban atados y, según denunciaron, en malas condiciones.
Una proteccionista de la localidad tomó intervención y se comunicó con las abogadas para acompañar la denuncia. A partir de allí comenzó un trabajo que, según destacaron, involucró a diferentes organismos.
“Esto es lo que queremos remarcar de este caso, cómo se ha trabajado en conjunto con las instituciones”, explicó Quinteros.
Según relató, inicialmente el responsable de los animales accedió voluntariamente a entregar uno de los perros, mientras que posteriormente, tras una disposición de Fiscalía, se procedió al secuestro del segundo.
Los animales permanecían provisoriamente en un predio municipal y estaba previsto su traslado a Santiago Capital para comenzar una etapa de recuperación, con intervención del refugio El Montecito.
Qué puede ocurrir judicialmente
Consultadas sobre las consecuencias legales para el responsable, las abogadas fueron cautelosas y aclararon que deben esperar las nuevas disposiciones de Fiscalía.
Para ellas, la prioridad inicial era retirar a los animales y garantizar su seguridad.
“Lo más importante siempre, y que en este caso pasó, fue que dicten la medida del secuestro de los animales”, señalaron.
Una vez recuperados, explicaron que se proyecta avanzar con la castración y posteriormente buscarles adopción.
El caso de San Javier que buscan llevar a juicio
Durante la entrevista también abordaron una causa ocurrida el 31 de agosto en San Javier, departamento Banda, por la muerte violenta de un perro.
Magnone explicó que intervino la fiscal Virginia Brate y que el acusado permaneció detenido aproximadamente 30 días. Posteriormente se realizó una audiencia en la que las letradas participaron como querellantes y se concedió la excarcelación del imputado.
Las abogadas adelantaron que buscarán impulsar la elevación de la causa a juicio, aunque reconocieron las limitaciones derivadas de la escala penal prevista por la actual legislación nacional.
Su objetivo, explicaron, es intentar alcanzar una resolución judicial que, si corresponde, pueda generar un antecedente penal.
“Todos podemos hacer la denuncia”
Otro punto central de la conversación fue qué debe hacer una persona cuando presencia una posible situación de maltrato.
Las abogadas valoraron que actualmente existen más vecinos dispuestos a fotografiar, filmar y visibilizar estos hechos, pero remarcaron que publicarlos en redes sociales no reemplaza una denuncia formal.
Explicaron que existe la posibilidad de realizar una denuncia virtual, adjuntar fotografías o videos, identificar el lugar y obtener un número de trámite. A partir de allí, organizaciones y profesionales pueden acompañar el seguimiento de cada situación.
“Todos podemos hacer la denuncia”, remarcaron.
Buscan un registro de maltratadores
Las profesionales volvieron a plantear durante su paso por LV11 la necesidad de avanzar con una legislación provincial que complemente las herramientas actualmente disponibles.
Uno de los puntos que proponen es crear un registro de maltratadores, que permita contar con antecedentes administrativos y establecer restricciones para que una persona sancionada por estas conductas pueda volver a recibir animales.
“Es muy necesario tener un registro, decir: a esta persona no se le entrega más un animal”, sostuvo Quinteros.
La iniciativa que impulsan contempla además capacitaciones y sanciones administrativas. Magnone explicó que durante una audiencia reciente incluso surgió la consulta judicial acerca de la existencia de instancias de capacitación para personas involucradas en este tipo de hechos.
Educación, castración y trabajo conjunto
Para las integrantes de Abogados Solidarios, la respuesta al problema tampoco puede limitarse al castigo.
Contaron que realizan charlas y actividades de concientización en escuelas primarias y secundarias, con el objetivo de que desde edades tempranas se pueda reconocer qué conductas constituyen maltrato y comprender la importancia del cuidado de los animales.
También destacaron el valor de las campañas de castración, la capacitación policial y la articulación entre municipios, organizaciones, proteccionistas, Policía y Justicia.
Como ejemplo volvieron al operativo realizado en Pozo Hondo, donde participaron distintos actores para retirar y poner a resguardo a los animales.
“Cuando queremos podemos, trabajamos en conjunto todos y se puede hacer la diferencia”, resumieron durante la entrevista.
Finalmente, las abogadas consideraron que se vienen registrando avances en Santiago y destacaron una mayor participación de los organismos judiciales y policiales frente a este tipo de denuncias.
