El gobierno de Turquía incrementó los operativos de seguridad en la capital y otras regiones del país mediante el arresto de más de 200 personas y la aplicación de restricciones a la sociedad civil. Las medidas, que coinciden con el inicio de la cumbre de la OTAN, generaron advertencias de organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW), que calificaron la situación como una afección directa a las libertades fundamentales de expresión y de reunión.
Entre los procedimientos recientes se encuentra la detención del humorista Deniz Göktaş, acusado de insultar al presidente Recep Tayyip Erdoğan tras un espectáculo difundido en plataformas digitales. Asimismo, las autoridades de la ciudad costera de Aydın impidieron el ingreso de un crucero turístico de la empresa Atlantis, bajo argumentos vinculados a los valores morales locales, lo que motivó reclamos públicos de artistas internacionales que formaban parte de la delegación.
Medidas judiciales contra la prensa y la oposición política
La fiscalía de Ankara argumentó que los operativos buscan desarticular actividades vinculadas a organizaciones calificadas como terroristas. Sin embargo, entes defensores de derechos humanos señalaron que las detenciones afectaron a perfiles diversos que incluyen a la periodista Yıldız Tar, profesionales de la abogacía, académicos y miembros de agrupaciones ecologistas, sin que se hayan presentado pruebas formales de delitos.
Paralelamente, se registraron los arrestos de las periodistas Buse Söğütlü, editora de noticias internacionales del periódico digital T24, y Ceren Erdoğdu, cronista de OdaTV. Representantes legales de los trabajadores de prensa vincularon estas acciones judiciales de manera directa con el desarrollo del encuentro de los líderes de la alianza militar en la capital turca.
Impacto en los partidos políticos de la oposición
El escenario de restricciones también alcanza al principal espacio opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP). El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, enfrenta actualmente un proceso judicial bajo cargos de corrupción que el partido califica como una estrategia para neutralizar su participación electoral, mientras que otras autoridades partidarias municipales fueron destituidas por tribunales oficiales.
Ante este panorama, analistas internacionales y diplomáticos manifestaron que la postura adoptada por los líderes occidentales prioriza los acuerdos de seguridad y el comercio de armamento por sobre las observaciones relativas al estado de derecho. Reporteros Sin Fronteras ubicó recientemente al país en el puesto 163 de 180 en su índice global de libertad de prensa, lo que marca el descenso sostenido en los indicadores de control y auditoría periodística.
